Amnistía Internacional: Acción Urgente: Egipto: Se debe detener la represión de las personas LGBTI

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El número de personas detenidas por las autoridades egipcias por su presunta orientación sexual asciende a 76, y al menos 32 han sido condenadas a prisión. Mientras tanto, el Parlamento egipcio está sometiendo a debate un nuevo proyecto de ley que, si se aprueba, penalizará las relaciones homosexuales.

 

Según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, el número de personas detenidas por su presunta orientación sexual ha ascendido de 57 a al menos 76 desde que se exhibió la bandera arcoíris en un concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo, la capital egipcia, el 22 de septiembre. Hasta ahora, 69 personas se encuentran privadas de libertad; 31 de ellas han sido condenadas a entre seis meses y cuatro años de prisión, mientras que las demás están a la espera de que se dicta sentencia.

 

En la actualidad, 67 miembros del Parlamento han firmado un proyecto de ley que penaliza las “relaciones homosexuales” en Egipto. Se espera que el Parlamento examiné y someta a debate el proyecto de ley durante su actual periodo de sesiones, y que, si lo aprueba, lo remita al presidente para que lo ratifique. El proyecto de ley establece penas de hasta 15 años de prisión, dependiendo del número de cargos y de las disposiciones en virtud de las cuales la persona sea declarada culpable.

 

Entre otras cosas, prohíbe la promoción pública o publicidad de toda reunión o fiesta LGBTI. La pena establecida para tales actos es de hasta tres años de prisión. El proyecto de ley contiene también una disposición que obliga a las autoridades a dar a conocer el nombre de las personas declaradas culpables en virtud de la ley, publicándolo junto con su condena en dos de los periódicos nacionales más leídos, lo que supone fomentar el estigma generalizado contra las personas que parecen gays.

 

Amnistía Internacional considera que toda persona detenida únicamente por la orientación sexual o la identidad de género que tenga o parezca tener es preso de conciencia.

 

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades egipcias a:

 

- dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas por la orientación sexual que tienen o parecen tener, anular las condenas de las que han sido ya declaradas culpables y retirar todos los cargos contra ellas;

- poner fin de inmediato a los exámenes anales forzados de las personas detenidas, que constituyen tortura u otros malos tratos, y ordenar realizar con prontitud una investigación imparcial y efectiva sobre los que se han practicado ya;

- rechazar el proyecto de ley que penaliza la “homosexualidad” y toda futura legislación  que no reconozca ni proteja el derecho de toda persona a la libertad de expresión y reunión, a no sufrir discriminación y a la igualdad ante la ley con independencia de la orientación sexual o la identidad de género que tenga o parezca tener.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 A:

 

Ministro del Interior
Minister of Interior

Magdy Abdel Ghaffar

Ministry of Interior

Fifth Settlement, New Cairo, Egipto

Fax: +202 2794 5529 +2027927189

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @moiegy

Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

 

Presidente
President

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, Egipto

Fax: +202 2391 1441

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @AlsisiOfficial

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

 

Y copias a:

Viceministra adjunta de Asuntos Exteriores para los Derechos Humanos
Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs for Human Rights

Laila Bahaa Eldin

Ministry of Foreign Affairs

Corniche al-Nil, Cairo, Egipto

Fax: +202 2574 9713

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @MfaEgypt


Envíen también copias a la representación diplomática de Egipto acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento            

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU: 231/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/7230/2017/es/

ACCIÓN URGENTE

EGIPTO: SE DEBE DETENER LA REPRESIÓN DE LAS PERSONAS LGBTI

Información complementaria

Hasta ahora, las autoridades egipcias se han basado en la legislación contra la prostitución, Ley 10 de 1961, para presentar cargos contra las personas sospechosas de tener actividades homosexuales, acusándolas de “hábitos licenciosos”, delito penado con hasta tres años de prisión. Con el proyecto de ley recién propuesto, es la primera vez que la legislación egipcia tipifica específicamente la “homosexualidad” como delito.

 

Esta medida se ha tomado tras la exhibición de la bandera arcoíris en un concierto de Mashrou’ Leila en El Cairo el 22 de septiembre, tras la cual las autoridades egipcias emprendieron una campaña de represión de las personas LGBTI en el país. Las autoridades han practicado exámenes anales forzados al menos a cinco de las personas detenidas, lo que constituye un incumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que establece el derecho internacional. Las fuerzas de seguridad detuvieron también a dos personas que presuntamente habían ondeado la bandera en el concierto, así como a otras no relacionadas con el incidente en distintos distritos de El Cairo, Ismailía, Damieta y Sharm al Sheij por su presunta orientación sexual. Las autoridades se han valido también de plataformas de citas por Internet para localizar y detener a personas sospechosas de ser gays. Entre las personas a quienes se está interrogando actualmente hay una mujer, Sara Hegazy.

 

Las 67 personas detenidas se enfrentan a cargos de “hábitos licenciosos”, “incitación a actos licenciosos” y  “fomento de la desviación sexual”, entre otros. Sara Hegazy y un hombre han sido acusados de esos mismos cargos y, además, de “pertenencia a un grupo prohibido”. Estos cargos pueden comportar penas de hasta 15 años de prisión según el Código Penal y la ley contra la prostitución. Sara Hegazy dijo al fiscal que la interrogó que, en la comisaría de policía de Saida Zenab de El Cairo, sus compañeras de celda la habían golpeado y acosado sexualmente tras decirles las fuerzas de seguridad que estaba acusada de “hábitos licenciosos”.

El incidente de la exhibición de la bandera arcoíris en el concierto suscitó una protesta pública de los medios de comunicación locales, que pidieron que se pusiera a disposición de la justicia a los responsables. Tras una campaña de difamación desde esos medios, el fiscal general anunció una investigación sobre el fomento de los “hábitos licenciosos” y la “homosexualidad” el 25 de septiembre. Ordenó además a los fiscales de seguridad que abrieran investigaciones contras quienes habían ondeado la bandera.

Asimismo, el Consejo Supremo de Medios de Comunicación hizo una declaración para prohibir a todos los medios mostrar apoyo, solidaridad o comprensión a las personas LGBTI y les pidió que sensibilizaran contra los “hábitos licenciosos” y las personas LGBTI, de las que dijo que “no se ajustan a las tradiciones ni la cultura de la sociedad egipcia”, añadiendo que “estos fenómenos LGBTI deben acabar”.

 

Abogados y ONG de Egipto han dicho a Amnistía Internacional que lo más probable es que el número de personas detenidas por su presunta orientación sexual tras el incidente del 22 sea mayor, pero que, dada la rapidez con qué se están practicando las detenciones, es difícil dar una cantidad exacta.

 

Esta es la peor campaña de homofobia sancionada por el Estado de la historia reciente de Egipto, pero no es un incidente aislado. En 2001, las autoridades llevaron cabo una redada en el Queen Boat, club nocturno instalado en un barco en el Nilo, y detuvieron a 52 personas. 23 hombres fueron luego declarados culpables de delitos tipificados en la ley contra la prostitución. Según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, en los últimos cuatro años y antes de los sucesos de la última semana, las autoridades han detenido y procesado a unos 250 hombres por su presunta orientación sexual.

 

Nombre: Sara Hegazy (m) y todas las demás personas detenidas o procesadas por su presunta orientación sexual

 

 

Más información sobre AU: 231/17 Índice: MDE 12/7410/2017 Fecha de emisión: 9 de noviembre de 2017

 

Carta Egipto en español

Carta Presidente

Carta Ministro del Interior

Amnistía Internacional: Detenidos 28 hombres por sospecharse su condición de gays (2)

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Una unidad de élite de las fuerzas de seguridad de Bangladesh detuvo a 28 jóvenes en un acto social donde se habían reunido más de 150 personas y al que se sabe que acuden miembros de la comunidad LGBTI. Se han presentado cargos contra ellos por posesión de drogas y todos están actualmente detenidos, donde siguen en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

El jueves 18 de mayo de 2017, entre 150 y 200 hombres se habían reunido para asistir a un acto social habitual al que se sabe que acuden miembros de la comunidad LGBTI en Keraniganj, una ciudad al sur de la capital, Dacca. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, miembros del Batallón de Acción Rápida, unidad de élite para la lucha contra el delito y el terrorismo de la policía de Bangladesh, asaltó el centro comunitario donde se celebraba el acto. El Batallón de Acción Rápida ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de cometer diversas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

Varias fuentes dijeron a Amnistía Internacional que los agentes del Batallón agredieron física y verbalmente a muchas de las personas presentes, y obligaron a todas a permanecer en fila. Después, procedieron a “inspeccionarlos” y detuvieron a aquellos de quienes sospechaban que eran gays por su indumentaria y sus modales. Fueron detenidas al menos 28 personas, entre ellas el propietario del centro comunitario, mientras que al resto se les dejó irse.

Según informan los medios de comunicación, el comandante del Batallón de Acción Rápida, Jahangir Hossain Matuboor, afirmó que las fuerzas de su unidad habían asaltado el centro comunitario debido a las denuncias de los residentes en la zona. El oficial afirmó que en las instalaciones habían encontrado preservativos y drogas, y que tras ser detenidos todos los hombres admitieron practicar “actividades homosexuales”.

Después se llevaron a los hombres a la comisaría de Keraniganj, donde los acusaron de posesión de drogas en aplicación de la Ley sobre Control de Estupefacientes de 1990, que dispone penas de hasta cadena perpetua o condena a muerte. El viernes, un tribunal de Dacca denegó la fianza a los 28 detenidos y dictó prisión preventiva para cuatro de ellos. La tortura y otros malos tratos son prácticas generalizadas bajo custodia en Bangladesh, y a Amnistía Internacional le preocupa mucho el bienestar de las personas detenidas.

Escriban inmediatamente en bengalí, en inglés o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que garanticen que ninguna de las personas detenidas sufre tortura u otros malos tratos y tienen acceso sin demora a un abogado, a su familia y a la atención médica que puedan necesitar.

- pidiendo a la policía que ponga fin de inmediato a cualquier acoso a miembros de la comunidad LGBTI y que investigue seriamente las amenazas que reciban;

- instando a las autoridades a que deroguen todas las leyes que penalicen las relaciones homosexuales, incluido el artículo 377 del Código Penal.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE JULIO DE 2017 A:

 

Inspector General de la Policía
Inspector General of Police

AKM Shahidul Hoque

Police Headquarters

6 Phoenix Road

Fulbaria 1000 Dhaka, Bangladesh

Fax: +880 2 9563 362

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tratamiento: Señor Inspector General / Dear Inspector General

Y copias a:

Ministro del Interior
Minister of Home Affairs

Asaduzzaman Khan

Bangladesh Secretariat, Building-8

Dhaka, Bangladesh

Fax: +880 957 3711

Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Envíen también copia a la representación diplomática de Bangladesh acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

ACCIÓN URGENTE

DETENIDOS 28 HOMBRES POR SOSPECHARSE SU CONDICIÓN DE GAYS

Información complementaria

 

La “homosexualidad” es un delito de carácter penal en Bangladesh, y las “relaciones carnales contra natura” (artículo 377 del Código Penal) pueden ser castigadas hasta con cadena perpetua. Penalizar la conducta homosexual privada y con consentimiento viola el derecho a la intimidad y a no sufrir discriminación y vulnera las obligaciones de Bangladesh con arreglo a las normas internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

En Bangladesh es habitual que las fuerzas de seguridad acosen a las personas LGTBI, y muchas de ellas han dicho a Amnistía Internacional que dudan mucho antes de acercarse a la policía. Las personas que han denunciado abusos afirman que, lejos de ofrecerles protección, a menudo la policía las acosa, les dice que sean “menos provocativas” e incluso las amenaza con detenerlas y presentar cargos penales contra ellas por “delitos contra natura” en aplicación del artículo 377 del Código Penal.

 

La situación de los miembros de la comunidad LGBTI en Bangladesh se ha deteriorado mucho desde abril de 2016, cuando dos destacados activistas LGBTI, Xulhaz Mannan y Mahbub Tonoy, murieron tras ser agredidos con machetes por miembros del grupo armado Ansar al Islam. Xulhaz Mannan era presidente de Roopban, organización de activismo LGTBI, que también publicaba la única revista LGBTI del país. Tras sus asesinatos, las amenazas contra la comunidad LGBTI se han disparado, obligando a muchos de sus miembros a esconderse o a irse de Bangladesh para garantizar su propia seguridad. La autocensura es ahora la norma e incluso las limitadas actividades de la comunidad que organizaban grupos como Roopban ya casi no se celebran.

 

Las autoridades no sólo no han condenado los asesinatos, sino que han efectuado declaraciones similares a las del ministro del Interior Asaduzzaman Kamal cuando afirmó en abril de 2016 que en la sociedad bangladeshí no se permitirá ningún movimiento que promueva el “sexo contra natura”. Estas declaraciones han puesto aún más en peligro a las personas LGBTI, y son señal de que el Estado no las protegerá. Para más información, véase el reciente informe de Amnistía Internacional titulado Caught between fear and repression: Attacks on freedom of expression in Bangladesh (2 de mayo de 2017), disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/6114/2017/en/

 



 
 

Accion urgente. Secuestro, tortura y asesinato de supuestos gays en Chechenia

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Fecha: 4 de abril de 2017


ACCIÓN URGENTE
SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DE SUPUESTOS GAYS En Chechenia se está secuestrando, torturando e incluso matando con impunidad a hombres considerados gays como parte de una campaña coordinada.
El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que cientos de hombres considerados gays habían sido secuestrados en días recientes como parte de una campaña coordinada. Según la información publicada, estas personas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos y obligadas a revelar el nombre de otras personas LGBTI que conocían. Novaya Gazeta aseguraba que había corroborado la información sobre al menos tres hombres que habían sido asesinados por sus captores, pero que según sus fuentes se habían cometido muchos más homicidios.
Según informes, algunos de los secuestrados han sido devueltos a sus familias, posiblemente porque sus captores no pudieron confirmar su orientación sexual. Sin embargo, continúan en grave peligro debido a la intolerancia homófoba local. Miembros de la ONG Russian LGBTI Network han confirmado esta información y han creado una línea telefónica de emergencia para ofrecer ayuda a quienes puedan estar buscando seguridad fuera de la región. Sin embargo, también se han publicado avisos anónimos online según los cuales los autores de estos crímenes podrían estar publicando ofrecimientos de ayuda a través de Internet para localizar a más personas LGBTI.
Las autoridades chechenas han reaccionado de diversas formas ante esta información, por ejemplo negándola (en el caso de Alvi Karimov, secretario de prensa del jefe de la República Chechena) o descartándola como una broma, o incluso profiriendo nuevas amenazas apenas disimuladas. El 3 de abril, Dimitry Peskov, secretario de prensa de la Presidencia de Rusia, anunció que el Ministerio del Interior estaba "comprobando la información sobre la presunta persecución de hombres con una orientación sexual no tradicional".
Escriban inmediatamente en ruso, en inglés o en su propio idioma:
- instando a llevar a cabo sin demora investigaciones exhaustivas y eficaces sobre los informes de secuestros y asesinatos de supuestos gays en Chechenia, y a garantizar que todas las personas halladas culpables o cómplices de estos delitos serán procesadas con arreglo a la legislación de la Federación Rusa;
- pidiendo que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que puedan correr peligro en Chechenia debido a su orientación sexual, y que se condenen con la mayor contundencia posible los comentarios discriminatorios vertidos por autoridades;
- recordando a las autoridades rusas y chechenas que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen la obligación de prohibir la discriminación y de investigar y enjuiciar los crímenes de odio, que son la manifestación más aborrecible de la discriminación.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE MAYO DE 2017 A:

Presidente del Comité de Investigación
Chairman of the Investigation Committee
Aleksandr Bastrykin
Investigation Committee of the Russian Federation Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 495 966 97 76
Formulario de contacto a través de Internet (en ruso): http://sledcom.ru/references/Organizacija_priema_grazhdan#reception
Tratamiento: Señor Presidente / Dear Chairman

Director en funciones del Comité de Investigación para la República de Chechenia Acting Head of the Investigation Committee for the Chechen Republic Sergei Vasilievich Sokolov Ul. Altaiskaya d.3, Grozny, 364000 Chechen Republic, Federación Rusa
Fax: +7 8712 62 41 01
Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Formulario de contacto a través de Internet: http://chr.sledcom.ru/references
Tratamiento: Sr. Director en funciones / Dear Acting Head Y copias a:
Defensora del Pueblo de la Federación Rusa Human Rights Ombudsman of the Russian Federation Tatiana Nikolaevna Moskalkova ul. Miasnitskaia, 47
107084 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 607 7470 / +7 495 607 3977 (para comprobar si se ha recibido el fax: +7 495 607 1854)

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

EMBAJADA DE LA FEDERACION DE RUSIA
Excmo. Sr. Yury P. KORCHAGIN
C/ Velázquez, 155 28002 - MADRID
Teléfono: 91 562 22 64 // 91 411 08 07
Fax: 91 562 97 12
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
www.spain.mid.ru


ACCIÓN URGENTE
SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DE SUPUESTOS GAYS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Los homicidios "por honor" se siguen practicando en el Cáucaso Septentrional, especialmente en Chechenia. Los hombres de los que pueda pensarse que han "manchado" el "honor" de su familia, por ser gays o sospecharse que lo son, se enfrentan al peligro real de ser asesinados por sus propios familiares. Normalmente, los autores de "homicidios en nombre del honor" cometen sus crímenes con impunidad. Recientemente se han publicado en Internet varios vídeos violentos en los que se amenaza a activistas gays.
Kheda Saratova, del Consejo de Derechos Humanos, organismo supeditado al jefe de la República Chechena, comentó en un primer momento que la sociedad chechena y "la totalidad del sistema de justicia" de Chechenia tratarían "con comprensión" a toda persona que matara a un familiar gay. Más tarde aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas y que la revelación de que había hombres gays en Chechenia la había impresionado tanto que le había impedido pensar con claridad.
Las autoridades chechenas, con su presidente Ramzan Kadirov al frente, controlan en la práctica casi todos los ámbitos de la vida en esta república del Cáucaso Septentrional, integrada en la Federación Rusa. Toda forma de disidencia es brutalmente reprimida: las personas que defienden los derechos humanos, que trabajan en medios de comunicación o que llevan a cabo activismo político, dentro o fuera de Chechenia (y, en contadas ocasiones, personas corrientes que critican de alguna forma al gobierno checheno y sus políticas) sufren amenazas, hostigamiento y, a menudo, violencia física. (https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/3255/2016/en/). El asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006 y el secuestro y asesinato de la defensora chechena de los derechos humanos Natalia Estemirova en 2009 fueron precedidos de amenazas parecidas

Continua el enjuiciamiento del diseñador de moda Barbaros

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Fecha: 5 de abril de 2017

DEBEN RETIRARSE LOS CARGOS CONTRA ACTIVISTA Y BRINDARLE
PROTECCIÓN


Continúa el enjuiciamiento del diseñador de moda y activista LGBTI Barbaros Şansal por ejercer su derecho a la
libertad de expresión. La próxima vista se celebrará el 1 de junio. Entre tanto, se le ha impuesto una prohibición de
viajar que le impide llevar a cabo su actividad profesional, y las autoridades no le están brindando protección frente a
las agresiones.
El 1 de junio se celebrará la siguiente vista del juicio contra el diseñador de moda y activista LGBTI Barbaros
Şansal, enjuiciado en aplicación del artículo 216 del Código Penal (que penaliza "incitar a la opinión pública al
odio o la hostilidad") por un mensaje en vídeo y un tuit que compartió en redes sociales el 31 de diciembre de 2016.
El 1 de marzo, un tribunal concedió la libertad condicional a Barbaros Şansal, que llevaba en detención en
espera de juicio desde el 3 de enero, aunque le prohibió salir del país. Tras ser excarcelado, Barbaros Şansal
expresó su agradecimiento a los simpatizantes de Amnistía Internacional y afirmó: "Lo que necesitamos es más
libertad, no menos. Me siento animado pese al horror que experimenté al ser deportado desde el territorio de Chipre
Septentrional y sufrir agresiones y lesiones físicas en la pista del aeropuerto. Ya he sido testigo de casos de represión
otras veces, por ejemplo durante el periodo que siguió al golpe de Estado militar de 1980. Estoy convencido de que
este periodo también pasará. Llegarán tiempos mejores".
El 3 de marzo, Barbaros Şansal solicitó protección a la gobernación de Estambul, ya que está recibiendo
mensajes amenazantes y tiene motivos para temer nuevas agresiones físicas, hasta el punto de tener miedo de salir
de su casa. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta a su solicitud de protección.
Tanto el mensaje de vídeo como el tuit que Barbaros Şansal admite haber compartido en redes sociales están
protegidos en virtud del derecho a la libertad de expresión, y no deberían ser objeto de acción penal. Durante la
primera vista, el 16 de marzo, Şansal se declaró no culpable y protestó por la prohibición de viajar, que a efectos
prácticos le impide llevar a cabo su trabajo. El juez decidió mantener la prohibición. El 17 de marzo, el abogado de
Barbaros Şansal presentó nuevas objeciones, pero a fecha del 5 de abril el tribunal no había tomado una
decisión.
Escriban inmediatamente en turco o en su propio idioma:
- pidiendo al ministro de Justicia que retire los cargos contra Barbaros Şansal y anule su prohibición de viajar;
- instando al gobernador de Estambul a garantizar que Barbaros Şansal recibe protección de forma inmediata y
efectiva, conforme con su deseo;
- instando al ministro de Justicia a iniciar una investigación penal sobre la agresión a Barbaros Şansal y las
amenazas que continúa recibiendo, y a llevar ante la justicia a todas las personas consideradas responsables.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE MAYO DE 2017 A:
Gobernador de Estambul / Istanbul Governor
Mr Vasip Şahin
Istanbul Governorship
İstanbul Valiliği
Ankara Caddesi
34110 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Fax: +90 212 512 20 86
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Ministro de Justicia / Minister of Justice
Mr Bekir Bozdağ
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı, 06659 Ankara, Turquía
Fax: +90 (0312) 419 33 70
Correo-e: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Envíen también copias a la representación diplomática de Turquía acreditada en su país:
EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE TURQUIA
Excmo. Sr. Omer ONHON
C/ Rafael Calvo, 18, 2º. A/B .-. 28010 - MADRID
Teléfono: 91 310 39 04
Fax: 91 308 66 02
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es
la segunda actualización de AU 2/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/eur44/5431/2017/es/
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En la víspera de Año Nuevo, Barbaros Şansal publicó un mensaje de vídeo en las redes sociales en el que
criticaba a la gente por celebrar el Año Nuevo en un momento de detenciones a gran escala de periodistas,
corrupción generalizada y acusaciones de abuso infantil, y que acababa con el deseo de que "Turquía se ahogue en
su mierda". El 2 de enero fue extraditado desde el territorio de Chipre Septentrional, donde había pasado el período
de Año Nuevo. En la tarde del 2 de enero, a su llegada al aeropuerto Atatürk de Estambul, Barbaros Şansal fue
agredido por un grupo del personal de tierra del aeropuerto cuando salía del avión, antes de que lo detuviera la
policía turca.
Durante el interrogatorio de los fiscales, Barbaros Şansal dijo: "La referencia a que ‘Turquía se ahogue en su
mierda’ es un comentario humorístico que hice hace dos años durante una entrevista. Hice la misma broma de vez en
cuando en los vídeos cortos que comparto en las redes sociales".
A Barbaros Şansal también se le preguntó sobre dos tuits. El primero, tras el ataque armado al club nocturno
Reina en la víspera de Año Nuevo, en el que murieron 39 personas y resultaron heridas 65, decía: "El propietario es
judío, el demandante es suní, el gerente es aleví... ¿Santa Claus? Vete a la m...". Dijo que había compartido este tuit,
afirmando que "lo que intentaba decir era que lo ocurrido no era un choque entre religiones o creencias diferentes".
En el acta del interrogatorio, Barbaros Şansal declara que el segundo tuit sobre el que se le interrogaba:
"Musulmanes suníes disfrazados de Santa Claus dispararon a la gente en Estambul porque el gerente y los
trabajadores eran alevíes" no lo mandó él. La hora y la localización del tuit indican que se envió desde Turquía, no
desde el territorio de Chipre Septentrional donde se encontraba.
Desde el intento de golpe de estado del 15 de julio, la represión gubernamental del derecho a la libertad de expresión
y de asociación ha dado lugar al encarcelamiento de cientos de personas —como periodistas, defensores y defensoras
de los derechos humanos, activistas y otras personas— como resultado del uso generalizado y habitual de la detención
en espera de juicio, basada en pruebas débiles o inexistentes de delitos reconocibles internacionalmente. El 4 de
enero de 2017 se prorrogó una segunda vez el estado de excepción declarado el 20 de julio de 2016 por otros tres
meses.
El artículo 216 del Código Penal dice lo siguiente: 1) Una persona que incite abiertamente a grupos de la población a
la enemistad o el odio hacia otras personas por motivos de clase social, raza, religión, credo o diferencia regional, de
forma que pudiera derivarse un peligro claro e inminente para el orden público, será condenada a una pena de prisión
de 1 a 3 años. 2) Una persona que denigre abiertamente a una parte de la población por motivos de clase social,
raza, religión, credo, género o diferencia regional será condenada a una pena de prisión de 6 meses a 1 año. 3) Una
persona que denigre abiertamente los valores religiosos de una parte de la población será condenada a una pena de
prisión de 6 meses a 1 año en el caso de que el acto pudiera alterar el orden público.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo la modificación del artículo 216 y su armonización con el derecho
internacional mediante la derogación de los apartados 2 y 3, que rebasan las restricciones permisibles al derecho a la
libertad de expresión.
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU -
Respuesta») a la siguiente dirección: Amnistía Internacional España. Secretariado Estatal. Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid.
Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por
ejemplo «AU 25/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo,
indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Informe anual 2016/17 - 2016/17 urteko txostena

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"Política de demonización" que engendra división y miedo

  • Amnistía Internacional publica su Informe 2016/17

  • Denuncia el riesgo de un efecto dominó a medida que algunos Estados poderosos dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos

  • Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, advierte de que el concepto de "nunca más" está perdiendo todo su sentido a medida que los Estados dejan de reaccionar ante las atrocidades masivas

  • España no se queda al margen en el menoscabo de derechos, especialmente de las personas migrantes y refugiadas, o en limitaciones de derechos como la libertad de expresión

Madrid.- Los políticos que se valen de la retórica tóxica y deshumanizadora del "nosotros contra ellos" están creando un mundo más dividido y peligroso, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.

En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países. Advierte en él de que las consecuencias de la retórica del "nosotros contra ellos" con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo están fomentando un retroceso en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.

"2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del "nosotros contra ellos" en discursos de culpa, odio y miedo adquirió relieve global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos", ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

"El alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.

"La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana."

La política de demonización

Los radicales cambios políticos de 2016 pusieron de manifiesto el potencial de la retórica de odio para desatar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Un claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder a discursos de miedo, culpa y división.

Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.

También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.

En el caso más reciente, el presidente Donald Trump ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos, dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos, como Siria, busquen refugio seguro en el país.

Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus, la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso a suelo turco, aunque no sea un país seguro para ellas y México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.

En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. Al mismo tiempo, otros países han adoptado intrusivas medidas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Otro rasgo de la política del "más fuerte" ha sido el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, que se ha manifestado, por ejemplo, en el intento de reducir los derechos de las mujeres en Polonia, al que se respondió con protestas multitudinarias.

"Son demasiados los líderes que, en vez de luchar por los derechos de la gente, han adoptado por conveniencia política una agenda deshumanizadora. Muchos violan los derechos de grupos utilizados como chivos expiatorios para marcarse tantos políticos o desviar la atención de su propio fracaso a la hora de garantizar derechos económicos y sociales", ha afirmado Salil Shetty.

"En 2016, estas formas especialmente tóxicas de deshumanización se convirtieron en fuerza dominante en la política convencional global. Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman desvergonzada y activamente todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia.

"El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Las reverberaciones darán lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Cuando las personas dejemos de vernos unas a otras como seres humanos con los mismos derechos, empezaremos a precipitarnos en el abismo."

El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivas

Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el "nosotros contra ellos" se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.

"Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo", ha señalado Salil Shetty.

"Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó de líderes con el que se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas."

El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internacional se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.

A pesar del desafío que plantean cifras como ésta, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.

"2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso", ha afirmado Salil Shetty.

"Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan a las épocas más funestas de la historia humana".

"La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transmisión en directo del horror de Alepo, las miles de personas muertas a manos de la policía en la "guerra contra las drogas" de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes de tomar medidas contra ellas".

¿Quién va a defender los derechos humanos?

Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retirar derechos humanos consolidados con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.

En su Informe Anual, la organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.

Amnistía Internacional documenta en su Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. El homicidio de la notable dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo, pero no se llevó a nadie ante la justicia.

"No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos; somos las personas quienes que tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente la necesidad de que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana y la igualdad en todas partes", ha manifestado Salil Shetty.

"Cada persona debe pedir a su gobierno que utilice todo el poder e influencia que tenga para poner en evidencia a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. En los malos tiempos, la gente ha logrado cambiar las cosas cuando ha tomado postura, fuera como activistas de los derechos civiles en Estados Unidos, activistas contra el apartheid en Sudáfrica o movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Todas las personas tenemos que aceptar ahora este reto."

España, en medio de esta tendencia internacional

En 2016, España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de "enaltecimiento de terrorismo" para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión. Mientras tanto, la impunidad es una tendencia en las violaciones de derechos humanos: los miembros de fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza rara vez son identificados, y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente, al igual que los crímenes contra el derecho internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

"Aunque España, en su discurso, se comprometió en septiembre de 2015 con la Unión Europea a la reubicación y reasentamiento de más de 17.000 personas que huyen de la guerra y la persecución, lo cierto es que sólo ha acogido a 1.034 personas (23 enero de 2017), tan sólo el 6% de su compromiso. Unas cifras que son claramente insuficientes", manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ha denunciado, entre otros aspectos, que el sistema español de recepción de solicitantes de asilo sigue prácticamente bloqueado, no se garantiza el derecho a la información de los solicitantes de asilo, es excesivo el tiempo que permanecen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) las personas solicitantes de asilo de algunas nacionalidades (en algunos casos hasta más de un año), y no hay garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI.

La organización ha documentado cómo las fronteras se encuentran prácticamente selladas para migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, especialmente de origen subsahariano, donde se siguen produciendo expulsiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad, la última en enero de 2017, sin tener en cuenta si estas personas podrían ser solicitantes de asilo o estar en una situación vulnerable.

A lo largo de 2016, hubo ejemplos de cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. Es el caso, entre otros, de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía "Títeres desde abajo" y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía "Gora Alka-ETA" en el transcurso de una representación de marionetas.

"Ninguna obra de teatro, ninguna opinión por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, representa un peligro para la seguridad", señaló Beltrán. Ambos titiriteros fueron acusados de "enaltecimiento del terrorismo" y de "incitación al odio". Su causa se archivó en enero de 2017.

En 2016, Amnistía Internacional denunció nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

En el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo en noviembre de 2012 tras el impacto de una pelota de goma durante el transcurso de una manifestación, los policías implicados en el incidente fueron absueltos en mayo de 2016 al no poder demostrarse quién había disparado. Ese mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba por octava vez desde 2010 que los casos de torturas y malos tratos en España no se investigaban adecuadamente. La impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad que recurren a este tipo de prácticas se consolida por la falta de investigación.

Igualmente se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo porque las autoridades españolas siguen sin investigarlos o impiden la investigación llevada a cabo por tribunales argentinos. Se niega así el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares.

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