En fechas señaladas. Arantxa Ariznabarreta y Aimar Rubio

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Llega la primavera. Lo hace, en nuestro Estado, en una sociedad agitada, en la que en los últimos años se han producido serios recortes de derechos sociales y en la que comprobamos como la crisis económica se ha convertido en una crisis de derechos humanos. Miles de familias desalojadas de sus casas sin garantía de protección, una reforma sanitaria contraria a las obligaciones internacionales contraídas por España, reformas laborales que incrementan la desprotección de la población trabajadora, reformas educativas que suprimen de los currículos la diversidad afectivo-sexual o los temas relacionados con la pobreza o los derechos humanos…

En este contexto entramos en abril, tras un invierno polémico, marcado por un profundo  debate social motivado por un anteproyecto de ley del aborto que retrotraería el país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas. Una reforma que podría causar un aumento en el número de las que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud y hasta su vida. Una reforma que, como recordamos desde Amnistía Internacional, limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía.

Con la mirada puesta en los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional afrontábamos el pasado 8 de marzo, dando inicio a la campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que tiene como objetivos prioritarios en nuestra Sección el fin de la impunidad para los violadores y el acceso de las mujeres a los servicios de salud y a la justicia en el Magreb y una política de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres y el apoyo a todas aquellas que trabajan contra la prohibición del aborto en El Salvador. La campaña arranca cuando aún permanecen en curso las acciones de denuncia de las mujeres que mueren en España sin protección ni justicia a manos de sus parejas o ex-parejas, de aquéllas a las que se prohíbe conducir en Arabia Saudí, de las profesionales y activistas asesinadas o amenazadas en Afganistán por sus actividades a favor de los derechos de las mujeres y niñas, de las campesinas e indígenas que fueron esterilizadas forzosamente en Perú o de aquellas  mujeres que, como Osman Hamed, pueden ser flageladas por negarse a cubrir su cabello con un pañuelo en público en Sudán.

Además de recordar algunas de las preocupaciones de la organización en relación con la situación de la mujer, en este mes de abril, en el que celebramos el Día Internacional de la visibilidad lésbica, queremos volver la mirada sobre algunas de las circunstancias especiales en las que se desarrolla la vida de muchas mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Años atrás, a invitación de esta casa y en estas mismas fechas, recordábamos las peculiaridades de la confluencia de discriminaciones que sufren las mujeres no heterosexuales. Mencionábamos entonces cómo las identidades y prácticas homosexuales continuaban – y continúan – estando criminalizadas en más de 70 países, con el beneplácito de algunas comunidades religiosas y medios de comunicación instigadores de la violencia homófoba. Sin embargo, mientras el amor entre hombres es legal y socialmente contestado en aquellos espacios donde se aplica una homofobia de Estado, las mujeres lesbianas son frecuentemente además invisibilizadas, e incluso obviadas por aquellas leyes que legitiman la heteronormatividad, circunstancia ésta que en absoluto supone su salvaguarda.

La homofobia reproduce un amplio rango de prácticas violentas que van desde el abuso verbal hasta la violencia física, las violaciones, el chantaje o la extorsión, y tiene lugar tanto en el ámbito público como privado de la víctima. La discriminación por orientación sexual afecta directamente a la privacidad, dignidad y vida de las personas no heterosexuales, que pueden ver limitado su acceso a los servicios públicos de salud o educación, así como al mercado laboral, promoviéndose así la exclusión social.

Estas realidades no son exclusivas de los Estados que criminalizan la homosexualidad, sino que se encuentran presentes en todas las sociedades, países y estratos culturales. Uno de los ejemplos más claros es el de las víctimas de la homofobia en Sudáfrica, donde destacan las múltiples violaciones y  asesinatos de mujeres negras y lesbianas, vulneradas por razón de su género, raza, orientación sexual y estrato social de pertenencia, casualmente en uno de los países más progresistas del mundo en materia de legislación homosexual.

Al respecto, desde Amnistía Internacional Euskadi abordamos, en un trabajo a largo plazo, el caso Noxolo Nogwaza, activista lesbiana LGBTI que en abril de 2011 fue violada y brutalmente agredida hasta la muerte en el township de KwaThema, Sudáfrica. Noxolo es un símbolo que representa la lucha por los derechos de las mujeres a visibilizar su sexualidad, en el que vemos el rostro de todas y cada una de las víctimas de la violencia homófoba, para las cuales exigimos justicia.

Desde nuestra lucha por el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su diversidad sexual, afectividad y deseo, denunciábamos el pasado año la situación del continente africano, con 38 Estados en la lista negra de la criminalización. En este sentido, las leyes recientemente aprobadas que (re)criminalizan la diversidad sexual en Nigeria o Uganda y el serio riesgo de ser encarceladas con el que viven a diario las personas homosexuales en Camerún o Zambia han sido motivo de nuestra acción.

En el otro extremo del planeta, nos sumamos a la condena de la ley de propaganda homosexual en Rusia, que ha contribuido a incrementar los ya altos niveles de discriminación y hostigamiento, favoreciendo un clima de hostilidad y violencia contra el colectivo LGBTI. En este clima, encontrábamos nuevamente testimonios de visibilidad y activismo, como el de la periodista Elena Klimova, que era acusada por su trabajo en el proyecto online “Menores 404”, de apoyo a adolescentes LGBTI. En el momento en que escribimos estas líneas, afortunadamente, el caso había sido archivado.
Queremos tener también un recuerdo muy especial para las mujeres transexuales y toda la comunidad trans que día a día luchan por una vida más justa. La transfobia es una de las formas más arraigadas de discriminación, mientras que la comunidad internacional pone escasamente el foco en la atención que se merece un colectivo fuertemente condenado a la exclusión social y con frecuencia víctima de la violencia. Siempre defenderemos el derecho de todas las personas a vivir de manera acorde con su identidad de género, sin tener por ello que someterse a la esterilización forzada, terapia hormonal o juicio psiquiátrico alguno. También recordamos que en países como México y Brasil los asesinatos quedan lejos de ser excepcionales para este colectivo, mientras que en Honduras la violencia tránsfoba ha aumentado alarmantemente.
Estos son algunos de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de todas aquellas personas cuya orientación sexual o identidad de género es minoritaria. Se trata de un escenario un tanto oscuro que, sin embargo, contemplamos con esperanza. La esperanza que se desprende del radical compromiso de todas las personas que ejercen el activismo en las condiciones más arriesgadas. Un testimonio que representa una llamada a la que la comunidad internacional está obligada a dar respuesta.

Para participar en la red de casos Noxolo Nogwaza – Ahmet Yildiz:

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Arantxa Ariznabarreta y Aimar Rubio
Amnistía Internacional