La invisibilidad de las personas LGTBI en la política europea de asilo. Marina Albiol Guzmán

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Christelle Nangnou es una mujer camerunesa que tuvo que huir de su casa de un día para otro. Un periódico de tirada nacional había publicado una imagen suya para ilustrar un artículo en el que se le acusaba de ser líder de un grupo de lesbianas y se caracterizaba la homosexualidad como una práctica satánica. Llegó a Madrid el día 22 de marzo, al aeropuerto de Barajas, donde las autoridades españolas le impidieron la entrada y estuvo retenida 23 días custodiada por la Guardia Civil. Tras varios intentos de expulsión y un parte de lesiones, se le permitió la entrada en el Estado español por razones humanitarias.

Atrás quedaron tres semanas de movilización política y social encabezada por el movimiento LGTBi, en las que fuimos capaces de poner su caso sobre la mesa y hacer toda la presión que pudimos. Sin embargo, cabe preguntarse cuántos casos de este tipo existen, a cuántas personas en situaciones similares se les impide la entrada en la Unión Europea y sus casos no saltan a la prensa ni llegan a conocerse en los entornos activistas. Nunca sabremos cuántas personas LGTBi se quedan por el camino y no consiguen huir, cuántas son víctimas de devoluciones en caliente en la valla de Melilla, o cuántas pierden la vida en el desierto o en el mar tratando de llegar a una Europa que les cierra sus puertas en la cara.
En la actualidad hay 76 países en el mundo en los que la homosexualidad es ilegal. En siete de esos estados las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas con la muerte. En los otros, las penas van desde multas hasta la cadena perpetua. Además, hay que tener en cuenta los numerosos países donde existe constancia de que, a pesar de no estar contemplado en la legislación, se dan con frecuencia crímenes “de honor” contra personas LGTBi dentro de las familias, o se producen violaciones “correctivas” a mujeres lesbianas.

Teniendo en cuenta este desolador escenario internacional resulta increíble que ni la Comisión Europea ni el Ministerio del Interior, las dos autoridades competentes, hayan realizado un plan o un protocolo específico para las personas solicitantes de asilo por razones de orientación sexual e identidad de género. Al no reconocerse su especificidad, por ejemplo negando los tratamientos hormonales a las personas transexuales en los CIE, no sólo se ignora esta realidad, sino que se pone en situaciones de extremo riesgo a las personas LGTBi que ya han alcanzado nuestro territorio.

Frente a esta realidad, la Unión Europea no duda en apropiarse de la defensa de los derechos LGTBi cuando esto beneficia, por ejemplo, a sus intereses geoestratégicos. El caso de Rusia es significativo. En el Parlamento Europeo hemos asistido en los últimos meses a una nueva actitud belicosa contra Moscú utilizando como excusa –entre otras muchas cosas- la terrible ley contra la “propaganda homosexual” de Vladimir Putin. Pero al mismo tiempo, la UE ha ignorado repetidamente las denuncias sobre una ley con un contenido prácticamente igual en un país miembro como Lituania.

Otra prueba de la hipocresía de esta Unión Europea es que se mantienen importantes acuerdos comerciales con países como Arabia Saudí, que llenan las arcas de una monarquía teocrática donde, según organizaciones de derechos humanos, se ha asesinado a decenas de personas en los últimos años y encarcelado a más de trescientas por motivos de orientación sexual.

Queda claro que en la política exterior de esta Unión Europea priman los intereses económicos sobre los derechos humanos, que son constantemente instrumentalizados para justificar otras cuestiones.
La Unión Europea ha mantenido una política migratoria y de asilo caracterizada por las puertas cerradas, ignorando la contribución positiva que las y los migrantes hacen a nuestra sociedad. Año tras año profundiza su modelo de Europa Fortaleza, a pesar de que el número de personas muertas y desaparecidas intentando llegar a nuestras fronteras no ha parado de crecer.

La Unión Europea mantiene una política exterior basada en la guerra, y permite que sus empresas exploten los recursos naturales y humanos de los países del sur, permitiendo a las grandes multinacionales expandirse sin ningún tipo de límite ni condición previa respecto a los derechos de las personas a desarrollar una vida digna.

Ante una situación de explotación tan salvaje, sabemos que son los sectores más discriminados de la sociedad, como las mujeres o las personas LGTBi (no hablemos ya de las mujeres LGTBi), los que sufren las peores consecuencias de un sistema global que somete todo a los intereses económicos y los que padecen las tasas más elevadas de pobreza y precariedad.

Debido al contexto de guerra y explotación, el año pasado 625.000 personas lograron sortear todas las trabas y consiguieron solicitar asilo en la Unión Europea. Llama la atención que de esa cifra sólo 5.615 solicitaran asilo en el Estado español, lo que pone en evidencia las dificultades administrativas que encuentran y los obstáculos que se imponen para que, además, sólo el 44% de esas solicitudes se resuelva de modo favorable.

El resto de personas, que han sacrificado todas sus posesiones y puesto en peligro sus vidas, son enviadas de vuelta al país del que proceden. Como si su huida se tratara de un capricho. Lo más terrible es que, según recoge la nueva Agenda Europea de Migración, pueden incluso ser enviadas a terceros países debido a los acuerdos que la Unión Europea ha firmado con Marruecos y Níger para que hagan el trabajo sucio. Como cabe imaginar, en ambos países las personas LGTBi sufren altos niveles de violencia.

Por todo esto es imprescindible que desde el tejido activista LGTBi, al igual que desde el feminista, se reivindique esta cuestión como un elemento fundamental. Porque, como en el caso de Christelle, hemos demostrado que la presión social y política da sus frutos, y porque, aunque la guerra, el hambre y la explotación no distinguen entre heterosexuales y homosexuales o bisexuales, o entre personas transgénero y personas cisgénero, somos nosotras las que sufrimos las consecuencias de manera más fuerte debido al patriarcado, a la discriminación sistemática, a leyes opresivas y a una distribución del trabajo que favorece a la familia heteronormativa.

Por eso hay que reclamar que el derecho a la protección internacional, garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea efectivo y se cumpla siempre que sea necesario. Los derechos LGTBi son derechos humanos y es el momento de exigir a la Unión Europea que cumpla con sus obligaciones y garantice que cualquier persona perseguida por motivos de orientación sexual o identidad de género pueda acogerse a un programa que le garantice una vida segura y sin violencia.

Marina Albiol Guzmán
Eurodiputada y portavoz de la delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Integrante del Intergrupo de Derechos LGBTI, actualmente compuesto por 151 eurodiputadas y eurodiputados, el más numeroso de los 28 existentes en el Parlamento Europeo. Albiol forma parte del grupo de 25 de los 54 europarlamentarios y europarlamentarias de España que han ratificado el compromiso a favor de los derechos LGTB, promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Son los 14 que ha obtenido el Partido Socialista (encabezados por Elena Valenciano), tres de los seis de Izquierda Plural (Marina Albiol, Willy Meyer -renuncia al escaño el julio de 2014- y Ernest Urtasun), tres de los cinco de Podemos (Pablo Echenique -renuncia al escaño el 14 de marzo de 2015-, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez -renuncia al escaño el 4 de marzo de 2015-), Josep Maria Terricabras de ERC, Ramon Tremosa de Convergència, Izaskun Bilbao del PNV, Jordi Sebastià de Compromís-Equo y Gabriel Mato del PP, el único de los 16 europarlamentarios electos por su partido. En la lista no hay ningún representante de UPyD (4 escaños), Ciudadanos (2 escaños) ni Los Pueblos Deciden (1 escaño).