Informe 2014/15 Amnistía Internacional - la situación de los derechos humanos en el mundo

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El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2014. También recoge algunos acontecimientos importantes de 2013.

El prólogo, las cinco reseñas regionales y el análisis individual de los 160 países y territorios que componen este informe dan testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan durante un conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado, discriminación o represión. Pero también reflejan la pujanza del movimiento de derechos humanos, y ponen de manifiesto que en determinadas áreas se han hecho avances indiscutibles para proteger y garantizar esos derechos.

Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la información aquí contenida, ésta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso.

PERSPECTIVA REGIONAL: ÁFRICA

En 2014 se abrieron esperanzas para las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales al adoptar la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos una histórica resolución que condenaba los actos de violencia, discriminación y otras violaciones de derechos humanos contra las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género. Otros signos de esperanza de igualdad y justicia fueron los compromisos de Malawi de despenalizar la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo.

No obstante, continuó la persecución o criminalización de personas por su orientación sexual, real o supuesta, en muchos países, como Camerún, Gambia, Senegal, Uganda y Zambia.

En una tendencia regresiva, varios países se esforzaron por agravar la criminalización de las personas por su identidad sexual, afianzando leyes ya injustas o introduciendo otras nuevas.

Camerún. Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales seguían sufriendo discriminación, intimidación, hostigamiento y otras formas de ataques. La discriminación, la intimidación, el hostigamiento y la violencia dirigidos contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían siendo causa de grave preocupación. Se arrestó a personas LGBTI, en su mayoría hombres pero también mujeres, por mantener presuntamente relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Algunas de las personas detenidas fueron condenadas a penas de hasta cinco años de prisión. Otras estuvieron detenidas arbitrariamente y después fueron puestas en libertad. El 1 de octubre, cinco personas, entre ellas una persona transgénero, fueron arrestadas tras hacer una redada la policía en una casa de la capital del país, Yaundé. Después estuvieron detenidas en una comisaría de policía cercana y también se detuvo a una sexta persona cuando acudió a visitar a las que ya estaban bajo custodia. Dos de las personas arrestadas quedaron en libertad el mismo día. Las otras cuatro fueron acusadas de prostitución y “perturbación del orden” y continuaron detenidas hasta el 7 de octubre, cuando fueron puestas en libertad en espera de una investigación.

Costa de Marfil. El colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sufría una creciente discriminación. En enero, la oficina de Alternativa Costa de Marfil, organización que trabajaba por los derechos de las personas LGBTI que viven con el VIH, fue saqueada por una gran multitud. Se robaron computadoras, se embadurnaron las paredes con consignas homófobas, y un miembro del personal fue brutalmente golpeado. La policía se negó a actuar en relación con el incidente o a investigarlo. También se atacó más tarde la casa del director de Alternativa Costa de Marfil.Según la información recibida, entre los atacantes había un miembro de las fuerzas de seguridad. Varios miembros del personal de la organización pasaron posteriormente a la clandestinidad.

Chad. El gobierno propuso un proyecto de ley de enmienda del Código Penal para penalizar las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo con penas de entre 15 y 20 años de prisión y multa de 50.000 a 500.000 francos CFA (entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses). Al terminar el año el proyecto de ley no se había aprobado por el Parlamento.

Gambia. El presidente sancionó un proyecto de ley aprobado por el Parlamento, la Ley del Código Penal (Enmienda) de 2014, que tipificaba la “homosexualidad con agravantes”, delito de definición imprecisa y susceptible de amplios abusos y de la imposición de cadena perpetua Al menos ocho personas, entre ellas tres mujeres y un joven de 17 años, fueron arrestadas entre el 7 y el 13 de noviembre por hombres que se identificaron como agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la Guardia Presidencial y amenazadas de tortura debido a su presunta orientación sexual. Les dijeron que si no “confesaban” su homosexualidad, lo que incluía proporcionar los nombres de otras personas, se les introduciría un dispositivo en el ano o en la vagina para “someter a prueba” su orientación sexual. Ese trato vulneraría las normas del derecho internacional que prohíben la tortura y otros malos tratos. Otras seis mujeres fueron arrestadas, según información recibida, los días 18 y 19 de noviembre por el mismo motivo.5 En agosto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Código Penal (Enmienda) de 2014 por la que se creaba el delito de “homosexualidad con agravantes”, castigado con cadena perpetua. La redacción de la Enmienda era imprecisa, por lo que podía prestarse a amplios abusos por parte de las autoridades. Entre las personas que podían ser acusadas de “homosexualidad con agravantes” figuraban los “delincuentes reincidentes” y las personas que además de vivir con el VIH fueran sospechosas de ser gais o lesbianas.

En un discurso difundido por la televisión nacional en febrero, el presidente Jammeh atacó los derechos de las personas LGBTI y afirmó: “Lucharemos contra esas alimañas llamadas homosexuales o gais del mismo modo que luchamos contra los mosquitos que causan la malaria, si no con más empeño”. En mayo, el presidente Jammeh amenazó a los gambianos que solicitaran asilo como consecuencia de discriminación basada en su orientación sexual.

Malawi. La homosexualidad seguía siendo delito en virtud del Código Penal, a pesar de los compromisos de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo A pesar de los compromisos adquiridos, tanto por gobiernos anteriores como por el gobierno en ejercicio, de suspender los arrestos de adultos por actos sexuales consentidos con personas del mismo sexo, se presentaron cargos contra dos hombres en virtud de las leyes contra la homosexualidad vigentes en el país. Al terminar el año, los dos hombres, cuyo arresto tuvo lugar en mayo, estaban en prisión preventiva. En caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados  a un máximo de 14 años de prisión con trabajo forzoso. En julio, la fiscal general adjunta y secretaria de Justicia, Janet Banda, afirmó ante el Comité de Derechos Humanos que,aunque los actos homosexuales seguían estando penalizados, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no emprendían acciones judiciales por tales actos. También informó de que el proceso de revisión de las leyes penales que tipificaban como delito las relaciones entre personas del mismo sexo por la Comisión de Legislación de Malawi estaba en gran medida estancado debido a limitaciones económicas. En concreto, se había pedido a la Comisión que emitiera una opinión sobre la constitucionalidad de los artículos 137A, 153 y 156 del Código Penal, que penalizaban la homosexualidad.

Namibia. En agosto se concedió a un solicitante de asilo ugandés la suspensión urgente de su expulsión de Namibia. Esta persona había solicitado asilo debido a su temor a sufrir persecución en Uganda a causa de su orientación sexual. El hombre, que se identificaba a sí mismo como gay, estaba detenido en Walvis Bay y corría el riesgo de ser devuelto a Uganda, donde poco antes se había adoptado una ley que penalizaba la homosexualidad (si bien la ley fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional ugandés).

Nigeria. En enero, el presidente Jonathan sancionó con su firma la Ley sobre Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo (Prohibición) de 2013. Esta ley penalizaba el matrimonio o la unión civil de parejas del mismo sexo, la solemnización del matrimonio entre personas del mismo sexo en lugares de culto, la exhibición pública de afecto entre parejas del mismo sexo, y el registro y apoyo de clubs y sociedades gais en Nigeria. La ley estipulaba condenas de entre 10 y 14 años de prisión. Días después de la entrada en vigor de la ley, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y los activistas de este colectivo hicieron frente a hostigamiento, chantaje y amenazas a sus vidas. En Ibadan (estado de Oyo), la policía detuvo a cinco hombres por su supuesta orientación sexual. Quedaron en libertad con fianza. En Awka (estado de Anambra), según se tuvo noticia, seis personas fueron detenidas y recluidas por la policía en virtud de la nueva ley. Un adjunto al comisionado de policía en Bauchi afirmó que la policía llevaba una lista de presuntas personas LGBTI “bajo vigilancia” como parte de sus “perfiles de delincuentes”.

Senegal. rechazó las recomendaciones referentes a enmendar la legislación nacional para proteger contra la discriminación a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En febrero, la policía detuvo a cuatro jóvenes que habían atacado a cinco hombres gais en Rufisque, ciudad cercana a Dakar. Residentes de la ciudad marcharon en apoyo de los acusados y reclamaron su liberación.

Sierra Leona. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los informes de violencia contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y pidió a Sierra Leona una revisión de su legislación para garantizar la prohibición de la discriminación contra la comunidad LGBTI. Tres activistas de los derechos de la comunidad LGBTI fueron agredidos, recibieron mensajes amenazadores y una de sus viviendas fue allanada en repetidas ocasiones en 2013. A pesar de haber denunciado estos incidentes a la policía, no se abrió ninguna investigación creíble. El hostigamiento obligó a huir de Sierra Leona a los activistas, a quienes se concedió asilo en España..

Sudáfrica. La violencia discriminatoria contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales siguió causando preocupación y miedo. En 2013 y 2014, al menos cinco personas, tres de ellas lesbianas, fueron asesinadas en lo que pareció constituir violencia selectiva relacionada con su orientación sexual o identidad de género. Se observaron algunos avances en cuanto a abordar los crímenes de odio mediante la reactivación del proceso del Equipo de Trabajo Nacional y el establecimiento de un Equipo de Respuesta Rápida compuesto por funcionarios del Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional y funcionarios responsables del desarrollo constitucional, entre otros. En febrero, el Equipo de Respuesta Rápida informó de avances en 19 de los 43 casos “no resueltos” previamente e identificados como sospechosos de violencia contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. También hubo conversaciones entre representantes de la sociedad civil y funcionarios del Departamento de Justicia en relación con un borrador de documento de política sobre crímenes de odio, cuya intención era ayudar en la redacción de disposiciones legales sobre los crímenes de odio. Al terminar el año no se habían observado avances adicionales en la legislación.

En noviembre, el Tribunal Superior de Johannesburgo declaró culpable a un hombre de la violación y el asesinato en 2013 de una lesbiana, Duduzile Zozo. El juez Tshifhiwa Maumela formuló una firme condena de las actitudes discriminatorias que alimentaban este tipo de crímenes.Al terminar el año habían comenzado las actuaciones judiciales preliminares contra un detenido acusado del asesinato de David Olyn, de 21 años, que fue golpeado y quemado vivo en marzo, al parecer a causa de su orientación sexual. Sin embargo, observadores de la sociedad civil expresaron preocupación por las limitaciones de la investigación policial. En mayo, Sudáfrica apoyó la adopción de la Resolución 275 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que instaba a los Estados a poner fin a todos los actos de violencia y abusos por causa de la orientación o presunta

Uganda. En junio, el Tribunal Superior falló en un recurso de inconstitucionalidad contra el cierre forzoso, por el ministro de Ética e Integridad, de un taller de activistas LGBTI en la ciudad de Entebbe, en febrero de 2012. Los demandantes alegaban que la acción del ministro había violado sus derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. El Tribunal Superior resolvió que no había habido vulneración ilícita de derechos de los demandantes, y que éstos habían participado en la promoción de “prácticas homosexuales”, consideradas delitos contra la moral en virtud del Código Penal.

En febrero, el presidente Museveni sancionó la Ley contra la Homosexualidad de 2009. En agosto, el Tribunal Constitucional la anuló por falta de quórum en el Parlamento en el momento de su aprobación. Durante los cinco meses que la Ley permaneció en vigor, aumentaron la discriminación, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y los actos de violencia contra las personas LGBTI. Así, las organizaciones de apoyo al colectivo LGBTI observaron que la aplicación de la Ley contra la Homosexualidad se tradujo en un marcado incremento de las detenciones de personas LGBTI, algunas de las cuales fueron detenidas por la policía cuando acudían a denunciar un delito o a visitar a un amigo o compañero detenido. Muchas de ellas fueron recluidas sin cargos durante periodos superiores a las 48 horas que estipulaba la Constitución. Las personas detenidas denunciaron haber sufrido malos tratos bajo custodia, como agresiones físicas y sexuales o ser desnudadas y sometidas tocamientos y a exploraciones anales por la fuerza. Varias personas transgénero fueron íntegramente desnudadas y exhibidas por la policía ante los medios de comunicación. Además, se negaron antirretrovirales a algunos detenidos seropositivos. Asimismo, las autoridades atacaron a organizaciones que ofrecían servicios al colectivo LGBTI.

En marzo, suspendieron las labores del Proyecto Jurídico para los Refugiados en campos y asentamientos de refugiados en espera de que se investigaran unas denuncias que acusaban a la organización de “promover la homosexualidad”, lo que era constitutivo de delito en virtud de la Ley contra la Homosexualidad. En mayo, se amplió la suspensión a todo el trabajo del Proyecto Jurídico para los Refugiados relacionado con refugiados y solicitantes de asilo. La suspensión continuó en vigor incluso después de que el Tribunal Constitucional hubiera anulado la Ley. El 3 de abril, la policía irrumpió en las instalaciones del proyecto Walter Reed, iniciativa conjunta de la Universidad de Makerere y el Programa de Investigación de VIH del Ejército de Estados Unidos, dedicada a la investigación sobre el VIH. Una de las personas empleadas en el proyecto fue detenida como sospechosa de “reclutar homosexuales”, aunque más tarde quedó en libertad. La clínica fue clausurada temporalmente.

La Ley contra la Homosexualidad legitimó también abusos y actos de violencia contra personas LGBTI perpetrados por agentes no estatales, que quedaron, en su mayoría, impunes. Una mujer transgénero murió víctima de homicidio y otra fue violada. Entre los abusos más comunes contra personas LGTBI figuraban los desalojos, las amenazas y el chantaje. El recrudecimiento de las amenazas a las que se enfrentaba el colectivo LGBTI impulsó a algunas personas a huir de Uganda. Además, la Ley contra la Homosexualidad limitaba las posibilidades de las personas LGBTI de acceder a servicios de atención a la salud, sobre todo los relacionados con el VIH/sida y con la salud sexual. En junio, el Ministerio de Salud dio un paso en la buena dirección, al emitir una directiva en la que reafirmaba el compromiso del gobierno de proporcionar servicios de salud sin discriminación de ningún tipo, incluida la basada en la orientación sexual. En octubre, el tribunal de primera instancia de Buganda Road (Kampala) desestimó los cargos presentados contra Mukisa Kim y Mukasa Jackson, un hombre gay y una mujer transgénero, tras haber alegado varias veces la fiscalía no estar aún preparada para el juicio. En virtud del Código Penal, Mukisa Kim había sido acusado de “mantener relaciones carnales contra natura con otra persona”, mientras que Mukasa Jackson fue acusada de “permitir que un varón mantuviera con ella relaciones carnales contra natura”.

Zambia. En febrero, un tribunal de Lusaka absolvió al activista de los derechos humanos Paul Kasonkomona, que en abril de 2013 fue acusado de “hacer proposiciones inmorales” tras instar al gobierno, durante un debate en la televisión, a reconocer los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales como parte de la lucha integral contra el VIH/sida. El tribunal falló que el Estado no había probado sus alegaciones. El gobierno indicó su intención de recurrir contra la sentencia. También en febrero, Se acosó, intimidó y procesó a algunas personas por su orientación sexual o su identidad de género, real o supuesta. Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían viviendo con miedo como consecuencia de ataques homófobos respaldados por las autoridades. Tras las declaraciones de altos cargos gubernamentales en 2013 instando a la gente a denunciar a las personas LGBTI de sus comunidades, algunas personas seguían sufriendo hostigamiento e intimidación por parte de sus familiares, de sus comunidades y de la policía. La mayoría sufría en silencio sin apoyo o protección del Estado. El 3 de julio de 2014, un tribunal de la ciudad de Kapiri Mposhi absolvió a dos hombres acusados en virtud de las leyes contra la sodomía vigentes en el país. James Mwape y Philip Mubiana quedaron en libertad tras estar privados de libertad durante más de un año. Negaron el cargo de “mantener relaciones sexuales contra natura”. El juez concluyó que el Estado no había probado sus argumentos más allá de toda duda razonable. Los dos hombres, ambos de 22 años de edad, fueron arrestados por primera vez el 25 de abril de 2013, y estuvieron recluidos hasta el 2 de mayo de 2013, cuando quedaron en libertad bajo fianza. Fueron arrestados de nuevo el 5 de mayo de 2013 y obligados a someterse a exámenes anales –que vulneran la prohibición de la tortura y otros malos tratos– a cargo de profesionales médicos del gobierno.


PERSPECTIVA REGIONAL: ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Brunéi. El nuevo Código Penal permitía imponer la pena de muerte por lapidación para castigar conductas que no deberían considerarse delictivas –como las relaciones sexuales extramaritales y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo– y delitos, como el robo y la violación.

Egipto. Con arreglo a la Ley sobre Libertinaje (Ley 10 de 1961), los hombres sospechosos de mantener relaciones sexuales consentidas con otros hombres, así como las personas transexuales, se enfrentaban a arresto y procesamiento por cargos como prostitución o delitos contra la moral pública. Las autoridades forzaban a algunas de estas personas a someterse a exploraciones rectales, lo que infringía la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad arrestaron en noviembre a más de 30 hombres en una redada efectuada en unos baños públicos de El Cairo, y en diciembre comenzó el juicio de 26 de ellos, acusados de “libertinaje”. En otro caso diferente, ocho hombres fueron condenados en noviembre a tres años de prisión por asistir a una presunta boda entre personas del mismo sexo, celebrada en un barco en el Nilo. En diciembre, un tribunal de apelación les redujo la pena a un año.

Irán. Se seguían penalizando las relaciones sexuales entre personas solteras. Las autoridades continuaban persiguiendo a personas por su orientación sexual y su identidad de género presunta o real. La reforma del Código Penal Islámico mantenía disposiciones que penalizaban las relaciones homosexuales entre adultos mantenidas de mutuo acuerdo, y preveía castigos que iban desde 100 latigazos hasta la pena de muerte. Las autoridades iraníes bloquearon y prohibieron la publicación de cualquier material en el que se tratase la homosexualidad o las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual, en aplicación de las disposiciones de la Ley de Delitos Cibernéticos sobre “delitos contra la castidad” y “perversión sexual”. Las personas que no se ajustaban a los estereotipos de feminidad y masculinidad seguían sufriendo discriminación y violencia. A las personas transgénero se les negaba el reconocimiento legal del género y el acceso a la educación, el trabajo y otros derechos, a menos que se sometieran a cirugía de reasignación de sexo. En febrero, la federación nacional de fútbol prohibió competir a siete mujeres futbolistas por su “ambigüedad de género”.


Líbano. Se enjuició a más de dos decenas de hombres por presuntas relaciones homosexuales mantenidas con consentimiento mutuo. Se iniciaron enjuiciamientos por diversos tipos de relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo, incluido el sexo entre varones, en aplicación del artículo 534 del Código Penal, que prohibía “los actos sexuales contrarios al orden natural”. En enero, un juez resolvió que el artículo 534 no era aplicable en el caso de una mujer transgénero que mantenía relaciones sexuales con hombres. En agosto, las autoridades detuvieron a 27 hombres en una casa de baños de Beirut y los acusaron de delitos previstos en el artículo 534 y en disposiciones relacionadas con “el pudor público” y la prostitución. En enero se tuvo noticia de que cinco hombres detenidos como sospechosos de mantener relaciones homosexuales con consentimiento mutuo habían sido sometidos a exámenes anales por un médico, pese a que, en 2012, el colegio médico libanés había declarado inadmisible la realización de este tipo de exámenes, que vulneraban la prohibición internacional de tortura y otros malos tratos, y el ministro de Justicia había emitido una circular en la que pedía a la fiscalía que cesase en esta práctica.

Marruecos. En mayo, septiembre y diciembre, los tribunales de Fqih Ben Salah, Marrakech y Alhucemas declararon a ocho hombres culpables de cargos entre los que figuraba el de mantener relaciones homosexuales, y les impusieron penas de hasta tres años de cárcel. Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo seguían estando penalizadas.

Mauritania. Presos de toda edad, condición y género corrían peligro de tortura y otros malos tratos. Mujeres, niños y niñas, presos homosexuales, presos políticos y presos condenados por delitos comunes dijeron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. Aunque se usaban ante todo para obtener “confesiones” de las personas detenidas, la tortura y otros malos tratos se utilizaban también como castigo en las prisiones. El uso de la tortura se veía facilitado por leyes que permitían que las personas detenidas estuvieran recluidas bajo custodia policial durante un periodo de hasta 45 días como sospechosas de delitos relacionados con la seguridad nacional. Este límite se rebasaba de forma habitual. No se tomaba medida alguna cuando se presentaban denuncias de tortura ante los jueces o la policía. Entre los métodos de tortura denunciados figuraban las palizas habituales, incluso con porras, propinar golpes en la espalda teniendo el detenido las manos y los pies esposados a la espalda, obligarlo a permanecer agachado en una postura forzada durante periodos prolongados, o colocarle una barra de hierro bajo las rodillas y colgarlo de dos barriles de agua. Los detenidos denunciaron que eran obligados a firmar bajo amenazas

PERSPECTIVA REGIONAL: ÁMÉRICA

Bahamas. En febrero, el ministro de Asuntos Exteriores e Inmigración abogó públicamente por una mayor tolerancia en el seno de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) hacia las personas LGBTI. En agosto se canceló la primera marcha del Orgullo que iba a celebrarse en Bahamas, debido a las amenazas y a la intimidación contra las personas que la organizaban.

Brasil. Aunque se había aprobado legislación que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, continuaban la discriminación y los ataques contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Brasil continuó desempeñando un papel importante en la escena internacional en asuntos como la privacidad, Internet y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En mayo de 2013, a raíz de un fallo del Supremo Tribunal Federal de 2011, el Consejo Nacional de Justicia aprobó una resolución que autorizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. No obstante, los líderes políticos y religiosos continuaban haciendo declaraciones homofóbicas con frecuencia. Los políticos conservadores vetaron las iniciativas del gobierno federal para distribuir material educativo sobre derechos humanos en las escuelas con el fin de reducir la discriminación basada en la orientación sexual. Eran frecuentes los crímenes de odio de carácter homofóbico. Según la ONG Grupo Gay da Bahia, 312 personas murieron en 2013 como resultado de crímenes de odio homofóbicos o transfóbicos.

Guyana. Siguieron penalizándose las relaciones sexuales consentidas entre hombres. Se recibieron informes constantes de discriminación hacia lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, especialmente hacia personas transgénero. La noche del 7 de abril, en el centro de Georgetown, cuatro personas transgénero fueron tiroteadas desde un vehículo en marcha. Según informes, la policía se negó admitir su denuncia y el hospital público de Georgetown rehusó darles tratamiento.



Haití. Se tuvo noticia de varias agresiones verbales y físicas contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) durante el año, pero la mayoría de los casos no se investigaron de forma exhaustiva. Según las organizaciones de defensa de los derechos del colectivo LGBTI, los agentes de policía a menudo se mostraban reacios a intervenir en estos casos y sus respuestas a las víctimas revelaban actitudes profundamente discriminatorias hacia los miembros de dicho colectivo. Nadie respondió ante la justicia por las agresiones contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales que tuvieron lugar durante las marchas nacionales celebradas contra los derechos de estas personas a mediados de 2013 y después de ellas.

Honduras. Continuó la honda preocupación por las violaciones de derechos humanos y los abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres y niñas, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estos abusos y violaciones se cometían en un contexto de impunidad endémica respecto a estas prácticas y con elevados índices de delincuencia común y organizada.

Jamaica. Las relaciones sexuales consentidas entre hombres siguieron estando penalizadas. Las organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales siguieron informando de agresiones, hostigamientos y amenazas contra personas debido a su orientación o presunta orientación sexual, que no se investigaban con prontitud ni de forma exhaustiva. El 14 de junio, una multitud agredió a un joven en un centro comercial en la localidad de May Pen porque, al parecer, lo vieron ponerse lápiz labial. La policía no investigó el incidente. En agosto, Javed Jaghai, miembro del Foro Jamaicano para Lesbianas, Bisexuales y Gais, desistió del recurso de constitucionalidad que había presentado en febrero de 2013 contra las leyes que penalizaban las relaciones sexuales entre hombres, tras las amenazas que él y su familia recibieron. No se llevó a cabo el “voto en conciencia” de diputados y diputadas, anunciado por el gobierno para antes de abril, sobre la legislación que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Perú. En julio, el segundo Plan Nacional de Derechos humanos, bianual, fue aprobado por el Congreso, en un clima de preocupación por la exclusión explicita de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y porque el plan no hubiera sido dotado de todos los recursos necesarios para su puesta en marcha. Al finalizar el año, el Congreso no había debatido una ley que otorgaría la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo.

Puerto Rico. En 2013 se produjeron avances en la creación de leyes para proteger los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluido un proyecto de ley que prohibía la discriminación laboral por razones de identidad de género u orientación sexual y otro que extendía a las parejas del mismo sexo la protección contra la violencia intrafamiliar. No obstante, se retiró una enmienda al Código Penal que habría tipificado como delito la discriminación hacia lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. El Código Penal revisado estaba pendiente de ser aprobado por el gobernador Padilla al terminar el año.

Trinidad y Tobago. Pese a que la Comisión para la Reforma de la Constitución reconoció en 2013 el “alto nivel de violencia y abusos contra las personas LGBTI”, no formuló recomendaciones para lograr la igualdad y poner fin a la discriminación. Continuaron vigentes las leyes que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y que prohibían la entrada al país de homosexuales.

Uruguay.  Apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres transexuales que tuvieron lugar entre 2011 y 2012. Sólo en un caso, en el departamento de Cerro Largo, tres personas habían sido enjuiciadas.

PERSPECTIVA REGIONAL: ASIA Y OCEANÍA

La homosexualidad seguía penalizada en varios países de la región. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo siguieron sufriendo considerables penalidades, y varios países, como Malaisia y Australia, violaron el principio internacional de no devolución (non-refoulement) y devolvieron a refugiados y solicitantes de asilo a países donde se exponían a violaciones graves de los derechos humanos.

India. El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de revisión de su sentencia de diciembre de 2013, por la que volvía a ilegalizar de hecho las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, al confirmar la validez del artículo 377 del Código Penal indio. Durante el periodo previo a las elecciones parlamentarias de 2014, destacados partidos políticos se comprometieron a despenalizar la homosexualidad. En abril, en una sentencia histórica, el Tribunal Supremo concedió reconocimiento jurídico a las personas transgénero. En dicha sentencia, el Tribunal ordenaba a las autoridades reconocer la autoidentificación de las personas transgénero como hombres, mujeres o un “tercer género”, poner en marcha políticas de bienestar social conexas y reservar para dichas personas cupos en el sistema de educación y empleo. Sin embargo, siguieron recibiéndose noticias sobre casos de hostigamiento y violencia contra personas transgénero.

Malaisia. Una histórica sentencia dictada en noviembre por el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley del estado de Negeri Sembilan, basada en la ley islámica (sharia), que prohibía el travestismo. Sin embargo, a lo largo del año Amnistía Internacional recibió noticias sobre la detención y el encarcelamiento de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales a causa exclusivamente de su sexualidad, y estos colectivos siguieron estando discriminados.

Singapur. En octubre el Tribunal Supremo confirmó el artículo 377.a del Código Penal, en el que se tipifican como delito las relaciones sexuales consentidas entre hombres. Activistas de oposición, ex presos de conciencia y defensores de los derechos humanos se mostraron preocupados por la constante pérdida del espacio público para debatir cuestiones como la libertad de expresión, la pena de muerte, los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los derechos laborales, la pobreza y la ausencia de niveles de vida adecuados.

Taiwan. Ciertas reformas del Código Civil, que habrían consagrado el matrimonio igualitario, quedaron bloqueadas en la Asamblea Legislativa. El Ministerio del Interior no puso en práctica la recomendación del Ministerio de Salud para que dejara de ser necesario que quien deseara cambiar de género se sometiera a una operación de cambio de sexo y a una evaluación psiquiátrica.

PERSPECTIVA REGIONAL: EUROPA Y ASIA CENTRAL

En cuanto a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), hubo avances y retrocesos a lo largo del año. Siguieron perpetrándose violentos crímenes de odio en todo el continente, especialmente contra romaníes, musulmanes, judíos, inmigrantes y personas LGBTI.  Varios países, incluidos algunos Estados miembros de la UE, seguían sin incluir la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos en la legislación sobre crímenes de odio. En toda la región siguieron sin investigarse y documentarse debidamente los crímenes de odio. Normalmente no se presentaban cargos específicos por crímenes de odio ni se aplicaban las disposiciones del Código Penal que permitían sancionar los motivos discriminatorios considerándolos circunstancias agravantes, ya que los investigadores no indagaban en los posibles motivos discriminatorios y los fiscales no acusaban correctamente a los perpetradores o no presentaban las pruebas pertinentes ante el tribunal. Un número creciente de países garantizaron la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo (aunque no respecto a la adopción, salvo contadas excepciones), y en Serbia y Montenegro se celebraron marchas del Orgullo con éxito y en condiciones seguras por primera vez, bajo la atenta mirada de la UE. Sin embargo, la homofobia seguía siendo generalizada, y la tolerancia creciente en la parte occidental de la región a menudo era correspondida en la parte oriental con mayores restricciones a la libertad de expresión de las personas LGBTI; de hecho, esa tolerancia se señalaba como un motivo para imponer esas restricciones.

Los ataques contra personas, organizaciones y actos LGBTI eran habituales en gran parte de Europa oriental y los Balcanes, y rara vez recibieron una respuesta adecuada por parte de unos sistemas de justicia penal indiferentes.

Alemania. Seguía en vigor la Ley de 1980 sobre el cambio del nombre de pila y la determinación del sexo en casos especiales, que obligaba a las personas transgénero a cumplir unos criterios obligatorios para poder cambiar legalmente de sexo y de nombre. Entre otras cosas, debían someterse a un diagnóstico psiquiátrico y a una evaluación de expertos ordenada por un tribunal. Tales requisitos eran una violación del derecho de las personas transgénero a la vida privada y al más alto nivel posible de salud.

Armenia. Quedó en suspenso la aprobación de un proyecto de ley que prohibía la discriminación en todas sus formas, mientras que las disposiciones que prohibían expresamente la discriminación basada en la orientación sexual fueron suprimidas. La redacción del proyecto de ley contra la discriminación, que era uno de los requisitos para el ingreso de Armenia en la Asociación de la Unión Europea, fue interrumpida cuando el gobierno optó por ingresar en la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. El 25 de julio de 2013, un tribunal de Ereván impuso sendas condenas condicionales de dos años a dos hombres jóvenes que habían arrojado cócteles molotov al interior de un bar frecuentado por lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. A pesar de que habían admitido que los ataques tenían motivación homofóbica, ambos se beneficiaron de una amnistía en octubre de 2013.

Austria. A raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2013, se aprobaron reformas jurídicas para que un miembro de la pareja pudiera adoptar a los hijos biológicos del otro en las parejas del mismo sexo. En todas las demás circunstancias, las parejas del mismo sexo continuaban privadas del derecho de adopción. La Ley contra la Discriminación no garantizaba igual protección frente a todas las formas de discriminación a pesar de que, en el proceso de seguimiento del examen periódico universal de la ONU, el gobierno se había comprometido a subsanar las deficiencias en materia de protección. En particular, en el acceso a bienes y servicios persistían lagunas de protección contra la discriminación basada en la religión y las creencias, la edad y la orientación sexual.

Bélgica. En enero de 2013, el gobierno aprobó una hoja de ruta integral para combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En mayo se introdujo una ley que prohibía la discriminación basada en la identidad y expresión de género. Aunque la hoja de ruta incluía el compromiso de modificar la ley de 2007 sobre el reconocimiento legal de la identidad de género, los planes relativos a su reforma seguían sin estar claros al finalizar el año. Para tener el reconocimiento legal de su identidad de género, las personas transgénero debían cumplir requisitos que violaban sus derechos humanos, como el diagnóstico psiquiátrico y la esterilización, así como otros tratamientos médicos obligatorios.

Bosnia y Herzegovina. Las lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) continuaron sufriendo discriminación generalizada. Tres personas resultaron heridas en febrero, cuando un grupo de entre 12 y 14 hombres con el rostro cubierto interrumpieron el festival LGBTI “Merlinka”, organizado en un cine de Sarajevo. Los hombres irrumpieron en el local, profirieron amenazas homófobas y agredieron e hirieron a tres de los participantes en el festival. Miembros de una ONG pro derechos LGBTI con sede en Banja Luka fueron amenazados de muerte tras participar en la marcha del Orgullo en Belgrado en septiembre. A pesar de que el Código Penal de la República Srpska contenía disposiciones sobre los crímenes de odio, no se investigaron las amenazas contra los activistas.
Croacia. En julio se aprobó la Ley de Parejas de Hecho, que reconocía a las parejas del mismo sexo idénticos derechos en todos los ámbitos excepto en el de la adopción. Esta ley introducía la figura de la “custodia extendida”, que, en las parejas del mismo sexo, permitía que la persona con hijos extendiera a su pareja la totalidad de los derechos y obligaciones parentales relacionados con ellos. En septiembre se inscribió legalmente la primera pareja del mismo sexo. En Split, Zagreb y Osijek se celebraron sendas marchas del Orgullo en condiciones seguras y satisfactorias. En marzo, Croacia concedió el asilo a un gay de Uganda que había solicitado protección tras ser penalizada la homosexualidad en su país.

Dinamarca. Mejoraron las prácticas de determinación de casos de asilo para solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales. Desde 2013 se reconocía la condición de refugiado a los solicitantes de asilo que, por ser lesbianas, gais o bisexuales, corrían peligro de persecución debido a las prácticas homofóbicas imperantes en su país de origen.

Eslovaquia. El Consejo Nacional (Parlamento) aprobó el 4 de junio una enmienda constitucional que definía el matrimonio como “unión exclusiva entre un hombre y una mujer”. La enmienda, que excluía expresamente de la consideración de matrimonio a las parejas del mismo sexo,entró en vigor el 1 de septiembre. En agosto, la organización “Alianza por la familia” entregó al presidente una petición firmada por 400.000 personas que reclamaban un referéndum para prohibir que pudieran definirse como “matrimonio” otras formas de asociación distintas de la unión entre un hombre y una mujer. Asimismo reclamaban que se prohibiera la adopción a las parejas del mismo sexo, que ninguna forma de asociación distinta del “matrimonio entre hombre y mujer” tuviera reconocimiento jurídico y que se impidiera a los centros escolares impartir educación sexual obligatoria o información sobre cuestiones éticas como la eutanasia si el alumno o sus progenitores no habían dado su consentimiento. En septiembre, el presidente solicitó que el Tribunal Constitucional examinara la constitucionalidad de un referéndum sobre los asuntos planteados en la petición. El Tribunal resolvió en octubre que, excepto la cuestión del reconocimiento jurídico de las distintas formas de “asociación”, todas las demás eran constitucionales. En noviembre, el presidente fijó la fecha de febrero de 2015

Estonia. El 9 de octubre, el Parlamento aprobó una Ley de Parejas de Hecho, con efecto a partir del 1 de enero de 2016, que era de carácter neutro en cuanto al género. Esta ley permitiría registrar su unión de hecho a las parejas no casadas, incluidas las del mismo sexo. Además, extendía a las parejas de hecho muchos de los derechos de las parejas casadas, como los relativos a prestaciones. En las parejas registradas como uniones de hecho, cada miembro podría adoptar a los hijos biológicos del otro.

Federación  Rusa. También se siguió negando su derecho a la libertad de expresión a personas y grupos con opiniones disidentes, incluidas las minorías sexuales, a través de una ley federal de 2013 que prohibía la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores de edad”, y otras. Se impidió a los activistas de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) celebrar toda clase de concentraciones pacíficas, incluso en lugares expresamente concebidos para hacerlo sin permiso previo, normalmente parques poco frecuentados y transitados. Los tribunales confirmaron en tres ocasiones el derecho de reunión pacífica de los activistas LGBTI en relación con actos prohibidos con anterioridad, pero sus sentencias no influyeron en decisiones posteriores.

Finlandia. Los prejuicios generalizados y la legislación discriminatoria impedían a las personas transgénero disfrutar plenamente de sus derechos humanos.2 Las personas transgénero pueden conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género si aceptan su esterilización, que les diagnostique un trastorno mental, son mayores de edad y pueden demostrar su estado de soltería. En noviembre, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales terminó la redacción de un anteproyecto de ley que proponía eliminar los requisitos de la esterilización y el estado de soltería, pero al final del año no se había presentado al Parlamento.

Francia. El 18 de mayo de 2013 se legalizó el matrimonio civil para todas las parejas, con independencia del género de sus miembros. Los derechos de adopción se extendieron a las parejas casadas del mismo sexo. A pesar de los compromisos expresados reiteradamente por el gobierno con la reforma de las prácticas abusivas, las personas transgénero seguían teniendo que someterse a un diagnóstico psiquiátrico y a tratamientos médicos innecesarios como la cirugía y la esterilización para conseguir el reconocimiento legal de su género.

Georgia. Las minorías religiosas y sexuales seguían sufriendo discriminación y violencia y, en varios casos, no pudieron ejercer el derecho a la libertad de reunión. En mayo, los activistas del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales renunciaron a sus planes de organizar una acción pública con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, debido a la falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades. En 2013 se había frustrado el acto callejero previsto para celebrar esa jornada debido a un ataque violento lanzado por miles de contramanifestantes mientras la policía no hacía nada para garantizar la seguridad de la gente.

Grecia. La Red de Documentación de la Violencia Racista documentó más de 350 episodios de este tipo de violencia. La ONG señaló una disminución de los ataques racistas organizados contra migrantes y un aumento de los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en 2014.

Irlanda. En diciembre, el gobierno publicó un proyecto de ley que contenía disposiciones legislativas para el reconocimiento legal de la identidad de género.2 Las propuestas del proyecto de ley contravenían las normas de derechos humanos ya que, entre otras cosas, obligaban a las personas transgénero a disolver su matrimonio o unión civil para poder solicitar el reconocimiento legal de su identidad de género.

Kirguistán. El Parlamento estaba estudiando legislación que prohibía la “promoción de las relaciones sexuales no tradicionales”.

Letonia. En septiembre, el Parlamento aprobó varias enmiendas a la legislación sobre los crímenes de odio. Sin embargo, la orientación sexual y la identidad de género no estaban entre los motivos expresamente protegidos en las disposiciones reformadas del Código Penal sobre estos crímenes. El derecho penal castigaba la incitación al odio y la violencia basada en el origen racial o étnico, la nacionalidad, la religión, la discapacidad, la edad y el sexo. Los motivos racistas eran los únicos que se consideraban circunstancias agravantes. La ONG letona Mozaika informó sobre cuatro casos de ataques físicos contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y un caso de agresión a un gay que tenía una discapacidad. El 18 de septiembre, el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley de Protección de los Derechos de la Infancia que obligaba a que la educación sobre sexualidad impartida en las escuelas estuviera basada en los “valores familiares tradicionales” y a que el “matrimonio” se definiera como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Al final del año estaba pendiente la aprobación final de la enmienda.
Lituania. En mayo, la Oficina del Inspector de Ética Periodística concluyó que un libro de cuentos que incluía relatos sobre relaciones entre personas del mismo sexo se oponía a los “valores familiares tradicionales”, protegidos por la Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública. Se paralizó la distribución del libro. En septiembre, la Oficina consideró que un vídeo que promovía la tolerancia hacia las personas LGBTI y retrataba familias formadas por parejas del mismo sexo violaba la Ley de Protección del Menor. Se siguió negando a las personas transgénero el derecho al reconocimiento legal de su género debido a vacíos legislativos. Había dos propuestas pendientes ante el Parlamento: una dirigida a prohibir el reconocimiento legal del género, y la otra a permitir que las personas transgénero solicitaran dicho reconocimiento si cumplían determinadas condiciones, incluida la cirugía de reasignación de sexo.

Macedonia. En septiembre, el Parlamento aprobó varias enmiendas a la legislación sobre los crímenes de odio. Sin embargo, la orientación sexual y la identidad de género no estaban entre los motivos expresamente protegidos en las disposiciones reformadas del Código Penal sobre estos crímenes. El derecho penal castigaba la incitación al odio y la violencia basada en el origen racial o étnico, la nacionalidad, la religión, la discapacidad, la edad y el sexo. Los motivos racistas eran los únicos que se consideraban circunstancias agravantes.

Malta. El 14 de abril, el Parlamento aprobó la Ley de Uniones Civiles, que reconocía a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas heterosexuales en un matrimonio civil. Asimismo permitía la adopción conjunta a los miembros de una unión civil, con los mismos derechos y obligaciones que los progenitores en un matrimonio civil. El mismo día, el Parlamento reformó la Constitución para incluir salvaguardias frente a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Moldavia. La comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Moldavia celebró en mayo por primera vez con éxito la marcha del Orgullo. Aunque la marcha de 2013 había marcado un hito histórico, en la de 2014 los participantes pudieron completar por primera vez el recorrido previsto por el centro de la capital, Chisinau, y, en términos generales, tuvieron protección adecuada de la policía frente a las amenazas de contramanifestantes. A pesar de este positivo avance, la Ley de Garantía de la Igualdad, que entró en vigor en enero de 2013, no cumplía las normas internacionales. No incluía expresamente la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos de discriminación prohibidos, excepto en relación con la discriminación en el lugar de trabajo. La policía no investigó debidamente una serie de agresiones contra activistas de los derechos LGBTI.

Mongolia. Persistía la discriminación por motivos de etnia, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad. La discriminación de género afectaba, sobre todo, a las mujeres de grupos marginales, como las que vivían en zonas rurales y las de minorías étnicas. Continuaron la hostilidad, la discriminación y la violencia, dirigidas sobre todo contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. La definición jurídica de violación no incluía ni a los hombres ni a los niños, por lo que los varones víctimas de violación tenían especial dificultad a la hora de acceder a tratamientos adecuados, a la justicia, a reparaciones y a indemnizaciones.

Montenegro. La comunidad LGBTI continuó sufriendo discriminación, incluso en forma de amenazas y agresiones físicas. Casi nunca se identificaba a los autores y, cuando había procesamientos, normalmente los ataques eran calificados de faltas. No se aplicaron las disposiciones legislativas aprobadas en 2013 para que se tuviera en cuenta la motivación de odio al dictar sentencia. El centro social de personas LGBTI de Podgorica sufrió 26 ataques en 2014, a pesar de contar con protección policial. Las autoridades no investigaron eficazmente los hechos ni pusieron a sus responsables a disposición judicial. La marcha del Orgullo de Podgorica, en noviembre, estuvo debidamente protegida por la policía, que detuvo a 10 contramanifestantes.

Noruega. Las personas transgénero sólo podían conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género pasando por un diagnóstico psiquiátrico, terapia hormonal obligatoria y cirugía de reasignación de género, incluida la esterilización con carácter irreversible.1 En diciembre de 2013, la Dirección General de la Salud estableció un grupo de expertos formado por profesionales de la salud, expertos jurídicos y representantes de organizaciones transgénero. Se le encargó la elaboración de unas recomendaciones sobre el reconocimiento legal de la identidad de género y el acceso a asistencia médica para las personas transgénero antes del 25 de febrero de 2015. En marzo, John Jeanette Solstad Remø presentó una solicitud ante el Ministerio de Salud y Servicios Sociales para cambiar legalmente de género. El Ministerio denegó su solicitud. En septiembre, la Oficina del Defensor de la Igualdad y contra la Discriminación afirmó que los requisitos de diagnóstico, terapia hormonal y cirugía de reasignación de género, incluida la esterilización con carácter irreversible, eran discriminatorios e infringían la legislación contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión del género.

Portugal. En marzo se rechazó un proyecto de ley presentado para reformar la legislación actual con el fin de garantizar el derecho de coadopción a las parejas del mismo sexo.

Rumanía. En junio de 2013, la Comisión Parlamentaria para la Reforma de la Constitución aprobó una enmienda que eliminaba la orientación sexual de los motivos protegidos en las disposiciones constitucionales contra la discriminación. La Comisión además, tras aprobarla inicialmente, rechazó en segunda votación una enmienda que proponía cambiar la definición de matrimonio para que fuera la unión libremente consentida entre “un hombre y una mujer” y no entre “cónyuges”.

Serbia. No se investigaron eficazmente las amenazas y los ataques contra organizaciones y defensores de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), incluida la Alianza Gay- Heterosexual; además, salvo contadas excepciones, no se reconoció la motivación del odio ni se aplicaron las disposiciones sobre la imposición de penas más severas en los casos de crímenes de odio. En marzo se impusieron condenas condicionales a tres hombres declarados culpables de “violar las condiciones de igualdad de los residentes de Kosovo” por su participación en un atentado perpetrado en 2012 con motivo del lanzamiento de un número de la revista en línea Kosovo 2.0, sobre identidad y orientación sexual. No se procesó a nadie por el atentado cometido al día siguiente contra un centro de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, ni por las amenazas formuladas en 2013 contra defensoras de los derechos humanos por apoyar la ley sobre reparaciones para las sobrevivientes de violación.

Turquía. Las lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales seguían sufriendo discriminación en el empleo, y también en sus interacciones con las autoridades estatales. No se avanzó en la introducción de disposiciones que prohibieran la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en la Constitución o en otra legislación nacional. Se tuvo noticia de varios asesinatos de mujeres transgénero durante el año. No hubo ningún avance durante el año en el juicio por el asesinato de un gay llamado Ahmet Yildiz por presuntos motivos de “honor”, cometido en julio de 2008, y el único sospechoso, su padre, continuaba en libertad. Las autoridades no habían investigado las amenazas de muerte contra Ahmet Yildiz antes del asesinato, ni habían puesto rápidamente en marcha una investigación eficaz sobre el crimen.

Ucrania. La marcha del Orgullo de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales planeada para el 5 de julio en Kiev se canceló cuando la policía comunicó al comité organizador que no podía garantizar la seguridad de los participantes frente a las contramanifestaciones previstas. El alcalde recién elegido de Kiev, Vitaliy Klychko, afirmó el 27 de junio que no era momento para “espectáculos” de esa clase en Ucrania.

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