Es indudable que hemos avanzado en materia de derechos civiles hacia el colectivo LGTBI en España a lo largo de la historia reciente de este país, siendo necesario recordar que las primeras elecciones democráticas se produjeron el 15 de junio del año 1977 y hasta el 10 de enero del año 1979 no se derogó la Ley de Peligrosidad Social que encarcelaba a homosexuales y transexuales por el mero hecho de serlo.

Desde entonces hasta hoy se despenalizaron las cirugías de reasignación de sexo en 1981, se autoriza el primer cambio de nombre y sexo bajo la necesidad de una cirugía genital tras sentencia del Tribunal Supremo en 1987, se aprueban el Matrimonio Igualitario entre personas del mismo sexo en el 2005 y la Ley de Identidad de Género en el 2007, donde ya se elimina el requisito previo necesario de una cirugía de reasignación de genitales para obtener la modificación en la partida de nacimiento y en el documento nacional de identidad. Esta última Ley aun siendo un avance histórico y referente mundial hoy se demanda su reforma para la eliminación de los requisitos de dos años de tratamiento y el diagnostico de disforia de género, despojándola de una patologización que ya no se sostiene. Además de la inclusión de las y los menores, así como la modificación en las tarjetas de residencia de las personas inmigrantes. Este es un compromiso que salió de la última Conferencia Política del Partido Socialista para llevarla a cabo en cuanto vuelva a gobernar.

Podríamos pensar que ya se han andado prácticamente todos los caminos en materia de igualdad LGTBI, pero nada más lejos de la realidad. En materia de Sanidad nunca se ha puesto de acuerdo el Consejo Interterritorial de Salud para que el proceso de cirugías de reasignación de sexo y tratamiento médico correspondiente a las personas transexuales sea una prestación más a nivel estatal. Esto se ha ido cubriendo desde las competencias sanitarias de cada autonomía, siendo la primera Andalucía en el año 1999, posteriormente Madrid, Cataluña y el País Vasco; aparte de las unidades de género que no realizan cirugías, como la de Canarias, Valencia, Aragón y Asturias entre otras.

También se hace necesaria una noma estatal integral de transexualidad, aparte de las correspondientes que se realicen en cada autonomía en el ámbito de sus competencias, como ya han hecho Navarra, País Vasco y últimamente Andalucía; encontrándose en estos momentos en fase de tramitación la de Canarias. Estas leyes integrales atacan las discriminaciones desde todos sus ámbitos, entre otros, el de la LGTBIfobia en el sistema educativo. Las y los menores transexuales en la actualidad se encuentran en un perfecto limbo legal, no pueden acceder a sus tratamientos específicos como los bloqueadores hormonales cuando llegan a la pubertad, siendo este un proceso absolutamente reversible pero que evita que se desarrollen caracteres sexuales externos indeseados y que solo arrojan discriminación exponiéndolos de forma cruel e innecesaria.

Los últimos estudios evidencian que es la Comunidad de Madrid donde más existe indefensión hacia estos niños y niñas. Además de las grandes olvidadas, las personas mayores transexuales, que cuando ingresan en residencias de la tercera edad hacen una regresión a un armario de infinito dolor hasta el fin de sus días, al no existir los protocolos necesarios para la continuidad de sus tratamientos hormonales o para que sean tratadas con su nombre de uso en caso de que no hayan accedido a la modificación de su partida de nacimiento.

Y aun así podríamos pensar que legislando sobre todas esta materias habremos conseguido llegar al final de las baldosas amarillas, detrás del arcoíris, el mundo de Oz. Pero falta lo más importante, que es la labor de la pedagogía social que abogue por el respeto a las diferencias, que no nos hacen distintos sino que enriquecen la convivencia. Pero nos encontramos con que una de las primeras medidas que tomó el Partido Popular nada más llegar al Gobierno Mariano Rajoy fue hacer desparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que poco o nada tenía esto que ver con solucionar la actual crisis económica de este país y si mucho de contenido ideológico y perpetuación de las discriminaciones de los colectivos más estigmatizados.

A su vez contemplamos con el Partido Popular de Madrid, la derecha más escorada del PP vota sistemáticamente en contra de lo que se lleva a la Asamblea en materia de derechos LGTBI, como la PNL contra la LGTBIfobia en las escuelas, aduciendo que en Madrid no existe tal cosa, dando la espalda a los innumerables informes que certifican que más del 80% de las personas acosadas no lo denuncian por miedo o temor, que el 40% ha pensado alguna vez en el suicidio, y que el 20% lo ha puesto en práctica.

También el 14 de mayo de este año votando en contra la toma en consideración de la Ley Integral de Transexualidad, a diferencia de sus homólogos andaluces o canarios que si le dieron su apoyo. Aunque habiendo muchas formas de ser miserables eligieron la más perversa, votar que no para instar al Gobierno Central a una norma estatal, que era instar a quien no quería ser instado, la formación política que votó en contra del Matrimonio Igualitario en el 2005 y que posteriormente presentó un recurso en el Constitucional, también el partido que votó en contra en el año 2007 de la Ley de Identidad de Género. Garantizándose así que en Madrid no la sacarían nunca y traicionado a niñas y niños transexuales, a su padres, adolescentes y mayores, que anidaban la esperanza de que se conmoverían tras las comparecencia en comisiones de padres y especialistas en la materia.

De esta forma, mientras que exista LGTBIfobia Institucional, podremos tener leyes que nos garanticen en la Justicia ciertas equidades, pero seguirán manteniéndose los altísimos índices de ataques por odio hacia la población LGTB en España, siendo este colectivo el que más agresiones sufre, tal como aseveran los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local en los primeros seis meses del 2014, elevándose a 235 los ataques. También en el 2013 el colectivo LGTBI es el primero en el ranking de los delitos por odio, que ascendió a 452 víctimas.

Podemos sentirnos orgullosas y orgullos de los avances en materia de igualdad LGTBI que hemos logrado en estos 37 años de democracia aunque sea mucho aun el camino que queda por recorrer. Pero a la vez que defender lo conseguido, porque el presente nos dice que la derecha más recalcitrante nos lleva a una regresión al pasado, ya que no en vano el ser humano es el único animal capaz de involucionar en su propia evolución.

Carla Antonelli (Güimar-Tenerife, 1959)
Actriz, diputada de la Asamblea de Madrid y activista LGTBI. Estudió arte dramático en Santa Cruz de Tenerife. En 1981 protagoniza el primer documental temático sobre transexualidad que emite TVE. En televisión ha trabajado en diversas series, entre las que destaca su papel durante tres temporadas en El síndrome de Ulises (Antena 3). En cine entre otros títulos destacan los largometrajes El vuelo del tren dirigida por Paco Torres (2011), Extraños de Imanol Uribe (1999), los cortos Hablar de Francis Peraza; La noche rota de Diego Betancor (2011) y el metraje que dirige el periodista Fernando Olmedo sobre su propia vida El viaje de Carla (2014). En teatro destaca por haber sido la primera actriz transexual que interpreta un personaje principal en el Festival de Teatro de Mérida, como miembro del elenco de Lisístrata de Aristófanes (2010). En política ha sido coordinadora del Área Transexual del Grupo Federal LGTB, ha trabajado en la elaboración de la propuesta electoral del PSOE que contempló el matrimonio entre personas del mismo sexo y una ley específica para las personas transexuales. Tras la victoria socialista y la aprobación de ley de matrimonio, Carla anunció una huelga de hambre si no se tramitaba la Ley de Identidad de Género. En 2011 es elegida diputada de la Asamblea de Madrid, convirtiéndose en la primera mujer transexual en acceder a un cargo de representación parlamentaria en España. Ha recibido numerosos premios por su trayectoria en defensa de la igualdad, y ha impartido numerosas charlas en universidades, colectivos LGTB, centros sociales y centros educativos, entre otros en la Universidad del País Vasco el pasado mes de febrero.