A día de hoy, las personas trans en el Estado español continúan enfrentándose a la representación normativa de la transexualidad como un “trastorno de la identidad de género”, enmarcado bajo el término “disforia de género”, tal y como se refleja en la ley 3/20071, conocida popularmente como ‘ley de identidad de género’. Ante esta situación, los movimientos sociales radicales por la despatologización trans*2 están consiguiendo impactar e ir calando en los discursos, tanto de los movimientos sociales LGTB más conservadores, como también en la agenda política y los profesionales, sumando apoyos por la despatologización.

Cuando me refiero a ellos como “radicales”, quiero decir que han traído ideas que parecían inconcebibles, como decir que “la transexualidad no es un trastorno mental” o que “hay que escuchar a las personas trans y sus familias y no sólo a los profesionales de la salud mental”. También es notable que estos grupos son pequeños, tienen gente joven con formación universitaria, con una composición fluctuante y que están al tanto de los debates internacionales sobre los derechos trans*.

Además del activismo que se está realizando desde organizaciones LGTB más establecidas y oficiales, estos movimientos sociales están produciendo un activismo plural, que genera eventos propios como es el “Octubre trans”3, celebrado en diferentes ciudades así como la generación de espacios como puede “Cultura Trans”4 en Cataluña y que ofrecen espacios de debate y creación de pensamiento trans*. Son grupos que se están convirtiendo en verdaderos think-thanks a nivel global, con campañas internacionales como “Stop Patologización 2012”5 (en alusión al año en el que la APA anunció que publicaría el DSM-5) y que influyen en cómo concebimos no sólo la transexualidad sino también el binarismo de género, la relación de la medicina, los movimientos sociales y las políticas públicas (Platero, 2011).

También hay que señalar que recientemente, en mayo de 2013, aparecía el nuevo manual diagnóstico de la asociación norteamericana de psiquiatría (APA), denominado DSM-5, donde la categoría diagnóstica que viene a sustituir el “Trastorno de Identidad de Género” es, precisamente, la de “disforia de género”. Se trata de un término común entre los profesionales de la salud y que se recupera aquí para enfatizar el malestar ocasionado por la incongruencia con los modelos normativos de género como espacio de intervención médica (Ortega, Romero Bachiller y Ibáñez, 2014). Aunque el DSM-5 dice que la transexualidad no es una enfermedad ni un trastorno, sigue requiriendo un diagnóstico psiquiátrico que tutela a las personas trans frente al cambio de nombre y sexo en sus documentos, acceso a la salud, etc. En este sentido, es muy importante el impacto que tiene este documento en cómo realizan no sólo políticas sanitarias, sino como se concibe a las personas transexual en todo tipo de ámbitos, incluida la legislación.

Asimismo, en los dos últimos años hemos asistido a un proceso por el cual la infancia y juventud que rompen las normas de género y/o son trans están pasando de ser una realidad poco conocida en el Estado español a estar presente en las noticias que denuncian la discriminación a la que se enfrentan6. Los medios reflejaban las demandas de tres familias andaluzas para poder ejercitar el derecho de sus hijos e hijas a ir a la escuela y con el reconocimiento de su género de elección, que es discordante con el sexo asignado en el nacimiento. Son menores que rompen las normas de género (traduciendo la expresión anglosajona “gender non-conforming children”) y/o son trans, cuyas familias reconocen la distinción entre el sexo que aparece en su partida de nacimiento y la identidad de género; es decir, cómo cada persona se ajusta o rompe con un mandato social que impone unas normas claras y distintas para hombres y mujeres. Estos casos andaluces emergen en un momento en el que se ha redactado una propuesta de ley andaluza sobre la no discriminación de las personas trans con el acuerdo de varios partidos políticos y organizaciones trans, que incluye acciones específicas sobre la infancia y juventud que rompen las normas de  género o son transexuales (enmiendas que motivaron que se retirase un proyecto de ley anterior).

Precisamente las familias con menores trans se han convertido en un nuevo “actor político”, que junto a las organizaciones de personas trans, han ayudado a moldear cómo se entienden las necesidades de las personas trans de todas las edades, que a su vez y en negociación con los partidos políticos, se materializa en el caso de Andalucía en la Ley Integral 2/2014 para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales7.

Esta ley remite a otras experiencias previas, donde se esboza la noción de “políticas de no discriminación” y de diálogo entre movimientos sociales trans y partidos políticos, con los textos aprobados en Navarra8 (2009) y el País Vasco9 (2012). Estos cambios legislativos hacen posible proyectar que otras CC.AA. puedan aprobar nuevas normas, al tiempo que se promueve un diálogo político a nivel estatal, donde también se generen más derechos. Por otra parte, estos avances sociales, políticos y legislativos suceden en un marco político cada vez más conservador y de retroceso, que reacciona con virulencia frente a los derechos sexuales de la ciudadanía, haciendo bandera de modelos de masculinidad y feminidad férreos y encorsetados en la heterosexualidad obligatoria y reproductiva.

Precisamente por los tiempos que nos toca vivir, conociendo nuestra historia trans* actual, parece necesario que nos atrevamos a soñar en cómo nos gustaría que fueran las luchas trans, proyectando unos derechos trans* posibles que vayan más allá de los límites impuestos.

NOTAS
(1) Recordemos que las Unidades de Trastorno de Género instaladas en algunos hospitales públicos están experimentado importantes recortes, ver: Corcuera, Laura (2012). Mapa estatal de las UTIG (Unidades de “trastorno” de Identidad de Género). Diagonal, 3 de diciembre.
(2) El término “trans*” surgió para señalar la importante diversidad de las personas trans, aunque no somos todos iguales, a veces, nuestras necesidades pueden coincidir o podemos ser aliados. Supone alejarse de la normalización que asimila a todas las personas con las mismas necesidades y las mismas narrativas.
(3) Blog del Octubre Trans de Madrid de 2013 http://octubretransmadrid2013.blogspot.com.es/
(4) Web de Cultura Trans http://culturatrans.org/
(5) Stop Patologización 2012 http://www.stp2012.info/old/es
(6) Ver por ejemplo: Rincón, Reyes (2013). “La fiscalía investiga el trato dado en tres colegios a niños transexuales”. El País,02/10/2013. Y también: Europa Press (2013). “La junta andaluza dice a padres del colegio del menor transexual que las medidas fijadas no afectan a los demás alumnos”. Europa Press, 27 de Octubre 2013.  O el documental producido por la TVE, para su programa Documentos TV, titulado “El sexo sentido”, emitido el 15 de junio de 2014.
(7)  Ley núm. 2/2014, publicada en el BOJA 487, de 4 de julio de 2014.
(8) Ley Foral 12/2009, de 9 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE, 22  de diciembre, pp. 108177- 108187.
(9) Ley 14/2012, 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE, 19 de julio, pp. 51730- 51739.
BIBLIOGRAFÍA
•Ortega Arjonilla, Esther, Romero-Bachiller, Carmen e Ibáñez Martín, Rebeca (2014). “Discurso activista y estatus médico de lo trans: Hacia una reconfiguración de cuidados y diagnósticos”. Cartografías del cuerpo. Biopolíticas de la ciencia y la tecnología, Eulalia Pérez Sedeño y Esther Ortega Arjonilla (eds). Madrid: Cátedra. 521-572.
•Platero, Raquel (Lucas) (2011). The narratives of transgender rights mobilization in Spain. Sexualities, 14(5): 597–614.

Lucas Platero
Doctor en Sociología, docente universitario y en intervención socio-comunitaria, es miembro de la Cátedra de Género de la URJC. También ejerce la docencia en el Programa de Estudios Avanzados del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Somateca, dirigido por Beatriz Preciado. En la actualidad está realizando una residencia de investigación sobre el Archivo Queer en el MNCARS y forma parte del i+d “Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis” (2013-2015),  dirigido por Patricia Laurenzo Copello, de la Universidad de Málaga.Entre 2003 y 2013 ha trabajado en proyectos europeos de investigación (MAGEEQ, QUING y HERMES), con énfasis en interseccionalidad, ciudadanía íntima y la construcción de la agenda política LGTB. Entre sus publicaciones, destacan sus libros Herramientas para combatir el bullying homofóbico (Talasa, 2007), Lesbianas. Discursos y representaciones (Melusina, 2008) e Intersecciones. Cuerpos y sexualidades en la encrucijada (Bellaterra, 2012)